alejosuave@hotmail.com
El autor es un escritor e
historiador que fue expulsado de varias instituciones de Colombia por sus
conocimientos sobre el fascismo. Él fue expulsado de la FLACSO sede
México por profesores franquistas españoles y argentinos que le impidieron
graduarse como maestro en Ciencias Sociales. Fue vetado en la Universidad
Tecnológica de Pereira y expulsado de varios colegios entre ellos el Colegio
“Manuel Elkin Patarroyo” de donde lo licenciaron por crear un cine-club
antifascista, del Colegio Aquilino Bedoya por defender las comunidades indígenas
y del Colegio Agustín Nieto Caballero por crear un sindicato de educadores por
contrato. Él ha sido adoptado como refugiado político por el Estado de
Ginebra en Suiza y allí continúa sus estudios sobre la sociedad colombiana.
La figura
del ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez puede ser asociada a la de los
dirigentes más
recalcitrantes de las extremas derechas. No obstante a los escándalos
que rodean a
todos los altos burócratas de su gobierno (que yo llamo "Uribe Gate",
por su parecido al escándalo del water Gate del presidente Nixon en 1974
en Estados Unidos) vinculados con sicarios
paramilitares, el mismo se proclama como
de centro y para ahuyentar las huellas de los encarcelamientos de sus
auxiliares ha creado en el 2013 un nuevo
partido político que ha denominado « puro centro democrático ».
El ex-presidente ha sido un
declarado anticomunista, no solo por doctrina, sino por el hecho mismo
que su padre, un importante multimillonario, fue secuestrado y asesinado por
las FARC, situación sentimental que reforzó en su súper yo la idea de luchar
hasta el fin por vengar la muerte de su padre con dineros públicos oficiales,
es decir, con la idea de imponer un proyecto de guerra total de exterminio de
la guerrilla y otorgarle toda la libertad a las fuerzas armadas para
desarrollar la guerra sin control que terminó no solo en una estrecha relación
de los generales colombianos con los grupos de exterminación privada, sino en
el escandalo ya mencionado de los falsos positivos. Su mandato concordó con el
gobierno del ex-presidente George Bush, un fanático de la guerra que le otorgó
mucha importancia a la idea de perseguir y exterminar los insurgentes, sin
abrir ninguna posibilidad a una solución política, como se ha hecho en varios países
del mundo, lo que conllevó a la donación de armamento pesado, especialmente
aviones hechos con tecnología de punta, el envío de asesores militares y el
aumento considerable de los fondos en dólares para financiar lo que la
administración de Uribe Vélez denominó el « Plan Colombia » y que
tuvo como trasfondo la vinculación de los guerrilleros a los cultivos del
narcotráfico y por ende la destrucción masiva de cultivos de plantas de coca y
amapola como estrategia para destruir los recursos económicos de la guerrilla,
lo que generó no solo una tragedia ambiental, sino también el aumento del
número de desplazados y expropiados ya que los paramilitares aprovecharon el
hecho para incursionar en el campo y robarse las tierras de los labriegos.
1. LA OBSESION POR LA GUERRA : EL GASTO MILITAR
Para tener una idea del culto a la guerra que rindió el ex-presidente Uribe
durante su mandato, tengamos en cuenta que Colombia se transformó con él en el
segundo país latinoamericano que más invierte recursos estatales en compra de
armamentos. Según los informes del representante colombiano a la reunión de
Unasur en mayo del 2012 en Ecuador, Colombia gastó en defensa entre 2006 y
2010, segundo periodo de mandato de Uribe, alrededor de 21.439 millones de
dólares. La cantidad de dinero gastada
en la guerra durante sus ocho años de gobierno fue exorbitante como lo muestra
el siguiente cuadro:
CUADRO 1. GASTOS EN DEFENSA Y SEGURIDAD
Miles de millones de pesos
Miles de millones de pesos
2002
|
% PIB
|
2010
|
% PIB
|
|
Ministerio de Defensa
|
6016
|
2,94
|
12.077
|
2,60
|
Policía Nacional
|
2867
|
1,40
|
7.770
|
1,67
|
Ministerio del Interior y
de Justicia
|
481
|
0,24
|
969
|
0,21
|
DAS
|
47
|
0,02
|
116
|
0,02
|
Fiscalía
|
211
|
0,1
|
431
|
0,09
|
Defensoría del Pueblo
|
14
|
0,01
|
70
|
0,02
|
Procuraduría General de
la Nación
|
52
|
0,03
|
102
|
0,02
|
Otros sectores del nivel
central
|
14
|
0,01
|
130
|
0,03
|
Departamentos
|
8
|
0,00
|
15
|
0,00
|
Municipios
|
24
|
0,01
|
35
|
0,01
|
Plan Colombia
|
1016
|
0,50
|
1.100
|
0,24
|
Otros gobiernos extranjeros
|
253
|
0,12
|
250
|
0,05
|
Total
|
11.003
|
5,38
|
23.065
|
4,97
|
Porcentaje del Presupuesto
|
15,33
|
15,11
|
Fuente: Cálculos con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tomado de :OTERO
PRADA, Diego. Conflictos, drogas y Paz. http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones47/nota10.htm
Como puede apreciarse en
doce años el gasto militar se duplicó en todos los sectores como parte de su política
de « Seguridad Democrática », una copia del estatuto de seguridad del
ex-presidente Turbay Ayala con la que se buscó esencialmente la derrota de las
FARC y el combate de la delincuencia, inmiscuyendo a los miembros de la sociedad civil como
informantes y soldados ; una red de un millón de informantes y en sus inicios bandas paramilitares que el denominó
« convivir » y que fueron esenciales en el fortalecimiento de las
AUC.
1, LA CRITICA DE LA PAZ
Incondicional
aliado americano, Álvaro Uribe Vélez aprovechó la herida dejada por los
atentados del 11 de septiembre del 2001
para lanzarse a la presidencia para las elecciones del 2002, obteniendo el triunfo,
con los votos de los paramilitares y sus políticos y también mediante una crítica frontal y radical de la política
de dialogo abierta por el presidente Pastrana en 1999, llamada los
« Diálogos del Caguán », que entró en crisis en enero del 2002, luego
de una campaña de desprestigio dirigida por el propio Uribe a través de los
medios de comunicación cuando era candidato y que contó con el apoyo de los
sectores franquistas criollos más radicales.
La promesa de una guerra frontal a la guerrilla se apoyó en esencia en
las posibilidades de apoyo total que abrió George Bush después de los atentados
del 11 de septiembre y que inicio una etapa de « lucha internacional
contra el terrorismo » en la que se impuso la idea de exterminar y
perseguir a todos los enemigos de América fueran o no musulmanes radicales y
con ello de considerar la persecución contra la guerrilla de Colombia como
parte de esa estrategia.
El discurso
uribista se fundamentó en esencia en la instrumentalización del nacionalismo y
en la firme idea de revivir la guerra fría de épocas pasadas con la intención
de luchar contra el comunismo y ganar la guerra interna, motivado por la
experiencia de Alberto Fujimori, el presidente peruano que logró exterminar el
movimiento guerrillero « Sendero luminoso ». Fue en esencia un retorno a las viejas
maneras de los antiguos partidarios del franquismo colombiano de enfrentar los
movimientos armados de oposición política.
La estrategia consistió en esencia en atacar frontalmente los
guerrilleros buscando su exterminación, en establecer un diálogo de paz con los
paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, para recuperar la
credibilidad del Estado perdida por las denuncias de vínculos estrechos entre
funcionarios estatales, políticos y paramilitares con la Casa Castaño y en
desarrollar y profundizar el « Plan Colombia », con la intención de
aislar los guerrilleros de la comunidad y rescatar los bastiones de la sociedad
civil inconformes con el Estado.
Amigo
personal de la comunidad franquista española entre ellos del actual presidente
Mariano Rajoy (un radical opositor de la ley de memoria histórica española que
obligó a desenterrar los desaparecidos por el franquismo en el pasado), Uribe
Vélez implementó un método de gobierno parecido al del ex-presidente Julio
Cesar Turbay Ayala que incluyó una vigilancia
estricta, al estilo del espionaje fascista, contra sus críticos y
opositores llamada popularmente « chuzadas » en la que utilizó sus
servicios secretos, especialmente el DAS (Departamento Administrativo de
Seguridad) para perseguir y acosar a
quienes se atreviesen a contradecirlo.
El abrazo de un lenguaje cristiano que evocaba la idea de la defensa de
la cristiandad en su cruzada contra el comunismo, es el otro elemento que le dio
legitimidad para conquistar en dos ocasiones la voluntad del electorado
colombiano de ascendencia católica que se excita fácilmente cuando aparece un mesías
que les promete exterminar los enemigos de « la libertad y el orden »,
consignas propias de la comunidad católica fascista. El ex-presidente Uribe logró gobernar por dos
periodos consecutivos manipulando el nacionalismo y la religión y provocando
una verdadera tragedia interna en relación a los derechos humanos y ocho años
de nerviosismo con sus vecinos limítrofes a los cuales se enfrentó porque eran
de izquierda y con los cuales estuvo a punto de desatar verdaderas
guerras. Su enfrentamiento con Hugo
Chavez no tuvo otra explicación que la inconformidad del uribismo, un
movimiento de raigambre oligárquica, con un presidente claramente anti
oligárquico. El asilo político a figuras
de la oposición a Chavez comprometidas con el golpe militar violento mostró su
ascendencia netamente nacional-catolicista y su estilo pinochetista propio de
la época de la guerra fría.
2. LAS VICTIMAS SINDICALES, EL DESPLAZAMIENTO
FORZADO http://www.youtube.com/watch?v=1XZe6PUs9MA
La desmovilización
de las AUC , autodefensas unidas de Colombia, en el 2006 fue uno de los hechos
más controvertidos de su administración.
Este movimiento terrorista de extrema derecha fue hecho para
« quitarle el agua al pez », o sea para exterminar la sociedad civil
que tuviera relación o habitara cerca de los guerrilleros, se hizo tristemente
célebre por las despiadadas masacres y los inhumanos métodos de tortura y
descuartizamiento que emplearon contra los habitantes de campos y ciudades.
Uribe Vélez no quiso construir la paz, solo le
interesaba ganar la guerra y el autoritarismo propio de su gobierno llevó al
país a una increíble crisis humanitaria que se expresó en un aumento desmesurado
del desplazamiento de campesinos hacia las ciudades, las masacres y los linchamientos
individuales que disminuyeron por efecto de la desmovilización de las AUC (pero
que no cesaron) y una persecución desmedida de las organizaciones sindicales y
de derechos humanos. Hay miles de historias violentas, basta mencionar el caso
de Luciano Romero, sindicalista de la Nestlé asesinado de 50 puñaladas en
septiembre del 2005 por su actividad
sindical dentro de la compañía. En total
15 sindicalistas de Nestlé fueron exterminados.
La Escuela Nacional Sindical publicó en Internet un completo balance
sobre la represión contra sindicalistas durante el gobierno de Alvaro Uribe
titulado Violencia antisindical e impunidad durante los 8 años del Gobierno
Uribe y las cifras demuestran una considerable baja de la cantidad de
dirigentes muertos especialmente después de la desmovilización de las AUC. En las épocas de esplendor del
paramilitarismo las victimas llegaron en su tope máximo de 277 en 1996 y
después de la desmovilización de las AUC el tope máximo se dio en el 2008 con
52 víctimas, lo que corresponde a 2 sindicalistas asesinados por mes. El informe testifica sin embargo, un aumento
considerable de las amenazas, del desplazamiento forzado, de los atentados, de
la tortura y una persistencia de las detenciones arbitrarias, los allanamientos
y las desapariciones. Entre 2002 y 2010,
en total 36 sindicalistas fueron desaparecidos en Colombia y el fenómeno demuestra una persistencia increíble
de métodos clásicos de la represión franquista que fueron superados en los
demás países de América Latina. 95
casos de detenciones arbitrarias, 565 casos de homicidios, 534 casos de
desplazamiento forzado, 29 casos de secuestro y 36 de desapariciones, son
cifras que muestran los niveles elevados de represión que a raíz de la
desaparición de las AUC, tuvieron como responsables en muchos casos a los
miembros de las fuerzas armadas y en otros a nuevos grupos pro-franquistas que
surgieron de las antiguas AUC compuestos por paramilitares que no aceptaron la desmovilización
o que después de haberse desmovilizado se reencontraron de nuevo en las filas
del sicariato antisindical.
Esta importante información es complementada
con otro informe practico que demuestra la existencia en Colombia de una
doctrina del terror propia de la época de la guerra fría : el acoso y la
vigilancia estricta sobre los sindicalistas considerados como enemigos de
guerra y que el informe resume
así :
« En los últimos meses se ha establecido
la manera como el DAS fue utilizado para atacar las actividades legítimas de
los sindicatos en Colombia. Las violaciones cometidas desde el DAS fueron: 1-
Entrega de listas de sindicalistas a los paramilitares para que fueran
asesinados. 2- Interceptación ilegal de las comunicaciones de líderes
sindicales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, magistrados deAltas
Cortes, periodistas y líderes de oposición. 3- Ingreso a sedes sindicales y
sustracción de información utilizada como material de inteligencia. 4- A través
de funcionarios del DAS que hacían parte de los esquemas de protección, se
utilizó la información para hostigar a sus protegidos, e incluso para crear
falsas pruebas en procesos judiciales. 5- El DAS realizó inteligencia ofensiva:
amenazó y hostigó directamente a líderes sindicales, sindicalistas, defensores
de derechos humanos, magistrados de Altas Cortes, periodistas y líderes de
oposición ».
La política de seguridad democrática que hizo
estallar la guerra a alto nivel, le dio continuidad al desplazamiento forzado
que continuó en términos generales, al mismo ritmo con respecto a las cifras de
años pasados como puede notarse en el siguiente cuadro, tomado del boletín
número 78 del COHDES del 19 de diciembre del 2011 :
Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES
Datos Comparativos Acción
Social – CODHES
Variable: Número de
Personas Desplazadas 1997 – 2011 (I)
Fuente: SIPOD – Acción Social, a junio 2011 /
SISDHES - CODHES, a junio 2011
Tomando las
cifras de CODHES nos encontramos con alrededor de 2.700.000 desplazados
durante
los ocho años de Gobierno de Uribe Vélez, prácticamente la mitad del
total de
los colombianos desplazados desde finales de la década del noventa, una
verdadera tragedia que se transformó en un problema social para las
ciudades
grandes e intermedias que vieron crecer los tugurios y las grandes áreas
de
miseria de donde surgieron además una importante cantidad de falsos
positivos y
una trágica mortandad de jóvenes exterminados por grupos de limpieza
social. Queda por juzgar y la historia
debe hacerlo, la actitud negligente del Estado que con su política de
guerra
expresada en su estrategia de seguridad democrática, bajaron las tasas
de delitos, pero evidentemente
generó esta hecatombe urbana, que pudo ciertamente ser evitada si las
estrategias de represión hubiesen sido
reemplazadas por estrategias de diálogo y negociación política. Las
consecuencias del desplazamiento forzado
para el país, son simplemente la desorganización de todo el tejido
urbano que anárquicamente
ve ocupar sus espacios por personas desempleadas que arriban
espontáneamente
huyendo de la violencia y que presionan un mercado de trabajo que no
puede absorberlos
en un contexto de abandono estatal y de represión urbana.
Es incierto
aún establecer la cantidad de tierras robadas durante el gobierno de
Uribe,
ella es otra trágica consecuencia de su política de tierra arrasada en
los
campos y lo cierto es que uno podría dividirlas en dos tipos de robos,
los
robos provocados por actores del gobierno que reivindicaban la defensa
de la
nación frente al peligro guerrillero, o sea las tierras robadas por el
paramilitarismo
y sus aliados y las tierras robadas por los guerrilleros a grandes o
medianos
terratenientes acusados de ser auxiliares de paramilitares, es incierta
la
cantidad de tierras expropiadas por uno y otro actor, lo cierto es que
la política
de guerra de Uribe Vélez genero una verdadera lucha de clases en el
campo en
donde la expulsión del oponente y su ruina fue el objetivo de ambos
actores armados. El gobierno de Santos ha hecho un inventario
de 700.000 hectáreas robadas, es incierta hasta ahora una
cuantificación
real, las investigaciones más objetivas hablan de 6 millones de
hectáreas robadas y en los
78 municipios más castigados se han identificado 150.806 predios de
personas
que huyeron de los actores armados, fenómeno que nunca le preocupó a
Uribe
Vélez quien asumió una actitud
despectiva cuando las ONG’s de derechos
humanos lanzaron fuertes críticas frente a la ineptitud y negligencia
de su gobierno inundado de para políticos y para
funcionarios.
El sector de los Derechos Humanos fue lógicamente el más afectado por la política de seguridad democrática de Uribe Vélez, un corto balance así lo testifica : « Según cifras del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Somos Defensores), entre los años 2002 y 2009 unos 1.057 defensores de derechos humanos fueron víctimas de todo tipo de agresiones tales como asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, uso arbitrario del sistema penal, entre otros. De acuerdo con el Programa, en dicho periodo se presentó un promedio de 16 asesinatos y 132 ataques contra defensores por año. (…) Las estadísticas también indican que el año más crítico para los defensores lo constituyó el 2009, cuando se registraron 179 agresiones discriminadas en 99 amenazas, 32 asesinatos, 17 atentados, 15 detenciones arbitrarias, 3 heridas, 10 usos arbitrarios del sistema penal y un caso de tortura. » Agencia de prensa (IPC)Situación de defensores de derechos humanos empeoró a lo largo del gobierno Uribe. JUEVES, 05 DE AGOSTO DE 2010
El sector de los Derechos Humanos fue lógicamente el más afectado por la política de seguridad democrática de Uribe Vélez, un corto balance así lo testifica : « Según cifras del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Somos Defensores), entre los años 2002 y 2009 unos 1.057 defensores de derechos humanos fueron víctimas de todo tipo de agresiones tales como asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, uso arbitrario del sistema penal, entre otros. De acuerdo con el Programa, en dicho periodo se presentó un promedio de 16 asesinatos y 132 ataques contra defensores por año. (…) Las estadísticas también indican que el año más crítico para los defensores lo constituyó el 2009, cuando se registraron 179 agresiones discriminadas en 99 amenazas, 32 asesinatos, 17 atentados, 15 detenciones arbitrarias, 3 heridas, 10 usos arbitrarios del sistema penal y un caso de tortura. » Agencia de prensa (IPC)Situación de defensores de derechos humanos empeoró a lo largo del gobierno Uribe. JUEVES, 05 DE AGOSTO DE 2010
El
conflicto entre el ex-presidente y los líderes de derechos humanos de
organizaciones
no gubernamentales, fue uno de los más marcados durante los ocho años de
gobierno. Uribe se negó a colaborar con las organizaciones y se
enfrentó a ellas desconociendo su importante papel en la cualificación
de la
democracia. No solamente fueron
encarcelados líderes de derechos humanos por orden estatal, sino que
además el
presidente lanzó públicamente sobre las organizaciones verdaderos
insultos que las
estigmatizaron frente a la sociedad civil y es evidente que esa es una
de las varias
causas de la violencia que soportaron las organizaciones de derechos
humanos.
« Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos
humanos”, “compinches”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos”
han sido
los adjetivos más recurrentes del presidente de Colombia, Álvaro Uribe
Vélez,
para atacar durante sus ocho años de gobierno a los defensores de
derechos
humanos. », es la frase con la cual la página web de una importante ONG
en
Colombia comenzó su balance sobre la relación entre Uribe Vélez y las
ONGs de
derechos humanos. http://www.colectivodeabogados.org/Defensores-de-derechos-humanos,1861
El hecho
más importante de resaltar en este análisis fue la consideración de las ONGs
que lo criticaban o denunciaban la violaciones derechos humanos de su gobierno,
como el « bloque intelectual de las FARC », digo importante, porque
la expresión utilizada por Uribe Vélez denota un retorno claro a la época de la
guerra fría, una involución hacia el franquismo puro cuando los dictadores no admitían
ninguna crítica y consideraban las reclamaciones
entorno a sus actos represivos , bajo la perspectiva de la teoría de la
conspiración, es decir, la negación directa de lo que existe en la práctica,
del hecho que se sucede en la práctica, aun existiendo este, para considerar la denuncia como un intento
de desestabilización del poder y no una intención clara de aportar a la
solución de un problema, lo que normalmente haría de la democracia un sistema político
más estable porque obviaría la idea del « Estado abusivo », contrario
a la democracia misma, lo que evidentemente
defendió el ex-presidente. Nuestra
hipótesis de que durante el transcurso del gobierno del ex-presidente Uribe Vélez
se construyó un « Estado abusivo »( liderado por un dirigente que se
disgustaba cuando las ONGs desde hechos prácticos
le demostraban la existencia de este tipo de Estado) se demuestra en esa manera
vulgar como el presidente trataba los dirigentes de derechos humanos en cada
uno de sus discursos.
La idea de
asimilar sus críticos a la guerrilla, de que los dirigentes de derechos humanos
son « el bloque intelectual de las FARC », es una estrategia maniqueista
comúnmente utilizada por la extrema derecha internacional ; la utilizó la
extrema derecha americana durante los debates de la primera elección
presidencial que le dio el triunfo al presidente Obama, quien fue asimilado o
comparado a un comandante de Al Qaeda por haber propuesto un diálogo con los
musulmanes ; la utilizaron constantemente los americanos en la época de la
guerra fría para caracterizar a todo opositor a la cultura occidental como un
agente del comunismo ; la utilizó la extrema derecha judía para justificar
el asesinato de Itzjac Rabin, quien fue asimilado como un Palestino terrorista
por proponer una solución política al problema palestino. Lo delicado del asunto, es que esas palabras Macartistas
si son una clara motivación a grupos de extrema derecha para atentar contras la
ONGs y es quizá eso lo que explica la
violencia y la represión que se ejerció contra las organizaciones de derechos
humanos y seguramente en una sociedad
más democrática ese tipo de lenguaje llevaría al juzgamiento del ex-Presidente,
porque detrás de las palabras se ocultaron claramente mensajes subliminales que
incitaban a los colombianos a practicar « el ajuste de cuentas »
contra los « guerrilleros de civil », palabra común entre los
paramilitares en la década del noventa cuando arremetieron contra los líderes
de derechos humanos, provocando entre ellos una verdadera masacre. Esta manera de tratar su oponente, es en
esencia una práctica del terrorismo de Estado de una manera camuflada puesto
que el presidente aprovechaba los momentos de estado de espíritu más
conmovedores para incitar a la persecución de los líderes de derechos humanos,
por ejemplo, después de una acción guerrillera, cuando las mentes de las gentes
denotan cierta solidaridad hacia las víctimas. Lo que muestra cierta
intencionalidad irracional del ex-presidente es su protesta contra las ONGs cuando ellas denuncian hechos claramente
violatorios de los derechos humanos y de la constitución misma, como era la
participación de sus soldados en el linchamiento de ciudadanos o en el robo de
tierras.
Esa
irracionalidad de Uribe Vélez provocó una verdadera tragedia y es el testimonio
claro del renacer impertinente de un autoritarismo desligado de los mismos
mandatos constitucionales que hace que el poder vire hacia la autocracia y que
los actores equilibradores y claramente medicinales de la democracia se opaquen
y la enfermedad del « abuso » se imponga como una forma de Estado.
3. LAS CIFRAS DEL TERROR
ESTATAL
Este
excelente cuadro del Centro de Investigación y Educación Popular, muestra con
detalle las cifras que comprometieron el Estado en actos de represión. Es claro con respecto a las cifras que las
ejecuciones extrajudiciales fueron una constante durante los ocho años de
gobierno de Uribe Vélez y el censo del CINEP muestra claramente una elevada
cifra de participación del Estado en linchamiento de civiles durante su primer
mandato, que se desacelera durante el segundo, pero que nunca desaparece,
claramente fue el año 2007 el más grave y la continuidad de los asesinatos de
las fuerzas estatales muestra una elevada magnitud de violencia aplicada contra
ciudadanos indefensos.
Otro dato
que aterra, es la práctica de la desaparición forzada por agentes estatales,
fenómeno que es parte del pasado en la mayoría de los países de América Latina,
pero que en Colombia, debido a la presencia del franquismo continúa siendo un
problema difícil de resolver. Aún la práctica
de la tortura física es altamente recurrente en el país y es preocupante que
métodos propios de la época de la edad media todavía se impongan. Los atentados que no provocaron la muerte de
la víctima, que los investigadores del CINEP caracterizan como
« heridos » fueron también una constante durante este periodo de
gobierno, lo que denota una prolongación en la historia de los viejos métodos
del nacional-catolicismo de la época del Frente Nacional.
Queda sobre
el tapete la discusión de la responsabilidad presidencial en estos hechos. Para el ex-presidente Uribe Vélez la
responsabilidad debe ser individual ya que él se encontraba en su oficina
trabajando, mientras sus funcionarios abusaban de la población. Esta « teoría del buen burocrata »,
es el mecanismo que utilizan todos los jefes políticos de extrema derecha en
Colombia para justificar las acciones del « Estado abusivo » y lo
evidente es que cifras tan demostrativas como estas de la barbarie y el terror
de Estado no han tocado jamás ningún presidente, ningún gobernador, ningún
alcalde. La búsqueda de los responsables
individuales opaca siempre el papel de los autores intelectuales y de los que
« mandan a matar » o « pagan por matar » que en este caso
son los verdaderos responsables de las acciones violentas del Estado, porque en
la mayoría de los casos estas se ejecutan respondiendo a estrategias militares,
políticas y empresariales que buscan claramente efectos a favor de los
verdugos.
4 .LOS FALSOS POSITIVOS
Uno de los
escándalos más demostrativos de la barbarie estatal en Colombia, es el que concierne
al de los « falsos positivos ».
Este escándalo estalló después de que el ex-presidente Alvaro Uribe Vélez
terminó su mandato en agosto del 2010 y hace referencia al hecho de que durante
su gobierno, los miembros activos de las fuerzas armadas asesinaron más de tres
mil colombianos disfrazándolos de guerrilleros para cumplir con las exigencias
de sus jefes de presentarles un balance de sus muertos cada mes para
garantizarles su empleo o para ganar ascensos en el escalafón militar. El caso de los falsos positivos es el ejemplo
más patético y claro de terror de Estado. Esta masacre fue simplemente
permitida por el gobierno de Alvaro Uribe Vélez quien en su obsesión por
exterminar a las FARC dio a los militares carta abierta para que hicieran
libremente la guerra, sin ningún control (con todas las condecoraciones) y con
justeza el presidente debería ser juzgado por ineptitud y negligencia como
gobernante. Sin embargo, esto no ha sido
posible, el presidente Uribe Vélez se pasea campante entre cocteles y fundando
nuevos partidos, esgrimiendo la idea de que tanto los escándalos de corrupción
y de violencia durante su gobierno fueron hechos a sus espaldas y el no tiene
ninguna responsabilidad individual. En
Colombia, la palabra negligencia no hace parte del andamiaje que permita acusar
a un gobernante y la mayoría de actos de barbarie ejecutados por los miembros
del Estado dejan por fuera los altos jefes que siempre esgrimen la idea de que
las responsabilidades son individuales. Todavía peor, los delitos o las
violaciones a las normas constitucionales hechas por presidentes no son castigados en Colombia por las
entidades judiciales, sino por las corporaciones políticas, son lo que se llama
juicios políticos hechos exclusivamente por el congreso, donde los uribistas
son claramente mayoría y las posibilidades de un juicio por la negligencia
presidencial es imposible, los partidos
dominantes han creado una bien tejida red que permite dejar la corrupción
presidencial fuera de las posibilidades de la justicia, aprovechando que son
mayoría en el congreso. Esa es la razón por
la cual a diferencia de otros países del mundo, los expresidentes que en
Colombia han tenido una clara participación en la violación de los derechos
humanos no han sido juzgados, hablamos por ejemplo de Guillermo León Valencia,
Julio Cesar Turbay, Belisario Betancur o Alvaro Uribe Vélez, expresidentes escandalizados
por masacres y crímenes de lesa humanidad que tampoco han sido perseguidos por
los tribunales internacionales por sus vínculos estrechos con los intereses
americanos.
Los negocios de la muerte, como podríamos denominar este escándalo de los falsos positivos, fueron acompañados por una radical política de persecución contra los opositores al régimen y el hecho simbólico más importante de la persecución estatal sobre la cultura, fue la detención arbitraria en México y la extradición hacia Colombia del Doctor en Historia y profesor universitario Miguel Angel Beltrán, quien fue hecho prisionero en una acción conjunta entre los organismos de inteligencia colombiana y de México. El historiador y escritor fue maltratado durante su detención en ciudad de México, acusado de ser un jefe internacional de las FARC, lo que generó una amplia solidaridad de la comunidad de profesores universitarios de México y Colombia. El doctor en Historia fue encarcelado en la carcel de la Picota durante dos años, por orden directa del ex-Presidente Uribe Vélez quien dirigió un discurso exclusivo a la nación para explicar un nuevo triunfo de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo según sus propias palabras. El profesor universitario fue liberado por las declaraciones de un informante de la seguridad mexicana que arrepentido por haber enviado un hombre inocente a la cárcel, confesó que fue contratado para hacer un montaje alrededor del opositor colombiano y que el intelectual era inocente. http://www.youtube.com/watch?v=IKEpMtfqqbs
Los negocios de la muerte, como podríamos denominar este escándalo de los falsos positivos, fueron acompañados por una radical política de persecución contra los opositores al régimen y el hecho simbólico más importante de la persecución estatal sobre la cultura, fue la detención arbitraria en México y la extradición hacia Colombia del Doctor en Historia y profesor universitario Miguel Angel Beltrán, quien fue hecho prisionero en una acción conjunta entre los organismos de inteligencia colombiana y de México. El historiador y escritor fue maltratado durante su detención en ciudad de México, acusado de ser un jefe internacional de las FARC, lo que generó una amplia solidaridad de la comunidad de profesores universitarios de México y Colombia. El doctor en Historia fue encarcelado en la carcel de la Picota durante dos años, por orden directa del ex-Presidente Uribe Vélez quien dirigió un discurso exclusivo a la nación para explicar un nuevo triunfo de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo según sus propias palabras. El profesor universitario fue liberado por las declaraciones de un informante de la seguridad mexicana que arrepentido por haber enviado un hombre inocente a la cárcel, confesó que fue contratado para hacer un montaje alrededor del opositor colombiano y que el intelectual era inocente. http://www.youtube.com/watch?v=IKEpMtfqqbs
El caso
Miguel Angel Beltrán, es quizá el ejemplo típico de como la estrategia de los
falsos positivos se extendió a la comunidad académica y la pregunta sigue siendo: Cuanto ganaron los jefes militares por esta
arrestación de un hombre inocente ? quienes fueron ascendidos ? se
devolvió el dinero otorgado a los responsables del montaje, que de todas
maneras era dinero de los contribuyentes colombianos ? Lo cierto del caso
fue que la inconformidad del gobierno con el intelectual surgió luego de un
intenso espionaje de sus clases en la Universidad Nacional en donde al estilo clásico
de Carlos Castaño antes de ejecutar los intelectuales que lo criticaban, los
militares infiltraron espías que se hacían pasar por estudiantes y pasaban un
informe meticuloso de las palabras contra el gobierno que emitía el profesional
o de las argumentaciones en contra del sistema, hasta el inicio de la obra
teatral que llevó al académico a la cárcel, por obra directa de funcionarios de
Uribe Vélez. El descaro presidencial terminó con la increíble declaración del
ministro de defensa Rodrigo Rivera Salazar quien repudió la decisión de los
jueces y los incitó a retornar a la cárcel al intelectual, después del cumulo
de pruebas que demostraban su inocencia. Quienes vean el video de YouTube
pueden escuchar claramente la denuncia del académico sobre el caso de su
colega, el Sociólogo Alfredo Correa asesinado un mes después de recobrar la
libertad.
Al lado de
este trágico suceso, presenciamos la continuidad de los hechos de exterminio de
la población civil expresados en desapariciones, asesinatos individuales y
masacres de campesinos, pobladores, dirigentes de derechos humanos y de
sindicalistas opositores al gobierno, todo en medio de un esquema social de
pobreza y desplazamiento. Herencia
del franquismo ? claro que sí.
Los escándalos de « Parapolítica » que estallaron en
Colombia desde el 2007, hacen relación a los vínculos de los políticos
colombianos que apoyaron a la elección del ex-presidente Uribe Vélez y que ganaron las
elecciones con los votos aportados por el movimiento terrorista de extrema
derecha « Autodefensas Unidas de Colombia », creado y dirigido por
los hermanos Castaño, responsables de una impresionante masacre de colombianos
y del robo masivo de tierras de campesinos. Estos políticos eran senadores,
representantes a la cámara, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y
evidentemente también un importante grupo de militares, entre ellos generales,
oficiales de alto rango y soldados o policías de base que ayudaban directamente
al grupo extremista.
Los escándalos de la
relación entre paramilitares y dirigentes uribistas estallaron en el año 2006,
cuando se conoció la estrategia política diseñada por dirigentes de las AUC en
el 2001 denominada « refundar la patria », proyecto que consistía en
desatar una oleada de masacres y asesinatos de dirigentes políticos y
comunitarios de izquierda para « limpiar » la sociedad colombiana de
lo que ellos llamaron « los guerrilleros escondidos » y a su vez,
infiltrar el aparato estatal y ponerlo al servicio de los paramilitares y crear una inmensa red de funcionarios públicos,
militares, empresarios y líderes políticos para crear un Estado
franquista. El escándalo estalló 6 años
después en el 2007 cuando públicamente fue dado a conocer « El pacto de
ralito » que establecía « El plan Birmania », una confesión del
jefe paramilitar « Jorge 40 » de un acuerdo para crear un para-Estado
de narcotraficantes, entre siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y
cinco alcaldes con el Estado mayor de las AUC.
En el primer gobierno de Uribe Vélez, las AUC iniciaron un proceso de
paz y se desmovilizaron definitivamente en el 2006. El gobierno creó el proyecto de
« Justicia y Paz », que buscaba en esencia hacer que los paramilitares
confesasen sus responsabilidades en los crímenes. La confesiones paramilitares fueron trágicas
para sus colaboradores uribistas en la medida en que jefes paramilitares y
militantes de base comenzaron a involucrar altos dirigentes políticos del país,
inclusive al mismo presidente y algunos de sus ministros, incluyendo al actual
presidente Juán Manuel Santos. Claramente,
los paramilitares desmovilizados hicieron enojar al Presidente quien decidió
frente al escándalo de la parapolítica extraditar a sus jefes máximos a los
Estados Unidos, en una acción vengativa que perjudicó ella misma a las victimas
quienes apenas empezaban a conocer con detalles las responsabilidades estatales
en la muerte de sus familiares o en la expropiación de sus tierras, conocimiento
que se vio impedido por la extradición de los jefes de extrema derecha.
Casi 70
congresistas fueron involucrados en este escándalo, uribistas en su mayoría y
con varios cargos de importancia como el de la
presidente del Congreso Nancy Patricia Gutierrez. http://es.wikipedia.org/wiki/Parapol%C3%ADtica
El escándalo
tocó también la policía secreta (DAS), su jefe Jorge Noguera Cortés fue
detenido y condenado, debido a las declaraciones del jefe de informática
capturado
por colaboración con las AUC que lo involucró como uno de los
importantes
cuadros de ayuda al paramilitarismo.
Todo este escándalo de la parapolítica deja en claro el hecho de que sí
había un proyecto franquista que buscaba en esencia que esa inmensa red
de
narcotraficantes y neofranquistas creada por los hermanos Castaño
ascendiera al
poder y controlara la sociedad colombiana.
Es cierto, que el hecho de que el escandalo estallara favorecía a muchos
políticos que veían en el ascenso al poder de un tipo de movimiento
fascista de
esta modalidad un riesgo para su propia existencia.
El
« dejar hacer, dejar pasar », no prospero en el país, debido en
esencia al hecho de que el mismo ex-presidente Uribe se perfilaba como una figura
autoritaria que arrasaba en las elecciones y consolidaba una hegemonía apoyada
por un movimiento paramilitar macabro que basaba su accionar en crímenes,
asesinatos, tráfico de drogas y compra de votos justificando todo su accionar
en la idea de la defensa de la cristiandad, la democracia y las buenas
costumbres frente a la amenaza de la subversión, una especie de lenguaje de la
bondad que ocultaba un estilo « Borgia » propio de la época de la
edad media : crímenes, pillaje,
corrupción en nombre de Dios. En Colombia
entre 2002 y 2006, las AUC desarrollaron milimétricamente todo su
proyecto de exterminio bajo la mirada despectiva y tolerante del Presidente,
quien se ocupó en esencia en atacar las FARC, sin tocar los frentes
paramilitares, de fumigar las zonas de influencia de cultivo de coca y amapola
de la guerrilla, sin fumigar las zonas cocaleras de las AUC. Fue con toda evidencia un periodo trágico,
miles de colombianos perdieron la vida exterminados por los grupos de limpieza
social.
6. EL FUERO MILITAR Y EL TERROR DE ESTADO
El
escándalo provocado por las denuncias de las organizaciones de derechos
humanos, como Humans Rights, Amnistía Internacional y claro que las
colombianas, en relación a los vínculos entre paramilitares y militares hizo
que el segundo periodo de gobierno de Uribe Vélez (2006-2010) fuera toda una
discusión sobre el terrorismo de Estado en Colombia. La tranquilidad propia del primer mandato fue
sustituida por las noticias constantes sobre la participación de miembros del
Estado en las masacres, persecuciones y asesinatos selectivos de los
paramilitares. La institución militar en
Colombia no ha sido castigada con la fuerza que fueron castigados los políticos
en el proceso de la parapolítica, debido en esencia a la celosa protección que
el ex-presidente Uribe Vélez le dio a sus militares que lo condecoraron como
general de cinco soles, por mantener la moral de los militares en alto, es
decir, por no ejercer vigilancia alguna sobre los actos de sus cuadros. En Junio del 2010 el coronel Plazas Vega,
genocida que provocó la masacre del Palacio de Justicia en 1985, fue condenado
a 30 años de prisión y el mismo ex-presidente en vez de felicitar la jueza que
dictó la sentencia por su acto de justicia, en una alocución televisada y
rodeado por los generales advirtió sobre su inconformidad frente a la decisión.
En agosto del 2012 fue condenado a 30 años de prisión el general Rito Alejo del Rio, por el asesinato de un campesino y por sus vínculos estrechos con el paramilitarismo en el Chocó, el general fue el hombre más homenajeado por Uribe Vélez, lo que demuestra la inevitable negligencia del presidente en torno al control del Terrorismo de Estado. Por lógica, ningún general fue investigado durante el gobierno de Uribe Vélez por sus vínculos con paramilitares, las investigaciones comenzaron en el transcurso del gobierno de su sucesor Francisco Santos, y además de la condena de Rito Alejo del Rio, hoy se atienden en juzgados, las acusaciones contra doce generales y 800 militares mencionados por paramilitares en los procesos de justicia y paz y por el mismo jefe Mancuso, recluido en una cárcel de los Estados Unidos. El escándalo más patético de la relación entre paramilitares y militares fue el que estalló en diciembre del 2012, cuando el general Mauricio Santoyo fue condenado por la corte de Virginia en Estados Unidos a 13 años de prisión por sus vínculos con paramilitares, el general fue ni más ni menos que el jefe de seguridad del ex-Presidente Uribe Vélez, él fue extraditado por el presidente Juan Manuel Santos luego de la confesión de paramilitares encarcelados en Estados Unidos, quienes lo vincularon además con el tráfico de drogas. Ya habíamos mencionado como en septiembre del 2011 el jefe de la policía secreta de Colombia (DAS) durante el gobierno de Uribe, su mano derecha, Jorge Noguera fue condenado a 25 años por su colaboración activa a los paramilitares.
En agosto del 2012 fue condenado a 30 años de prisión el general Rito Alejo del Rio, por el asesinato de un campesino y por sus vínculos estrechos con el paramilitarismo en el Chocó, el general fue el hombre más homenajeado por Uribe Vélez, lo que demuestra la inevitable negligencia del presidente en torno al control del Terrorismo de Estado. Por lógica, ningún general fue investigado durante el gobierno de Uribe Vélez por sus vínculos con paramilitares, las investigaciones comenzaron en el transcurso del gobierno de su sucesor Francisco Santos, y además de la condena de Rito Alejo del Rio, hoy se atienden en juzgados, las acusaciones contra doce generales y 800 militares mencionados por paramilitares en los procesos de justicia y paz y por el mismo jefe Mancuso, recluido en una cárcel de los Estados Unidos. El escándalo más patético de la relación entre paramilitares y militares fue el que estalló en diciembre del 2012, cuando el general Mauricio Santoyo fue condenado por la corte de Virginia en Estados Unidos a 13 años de prisión por sus vínculos con paramilitares, el general fue ni más ni menos que el jefe de seguridad del ex-Presidente Uribe Vélez, él fue extraditado por el presidente Juan Manuel Santos luego de la confesión de paramilitares encarcelados en Estados Unidos, quienes lo vincularon además con el tráfico de drogas. Ya habíamos mencionado como en septiembre del 2011 el jefe de la policía secreta de Colombia (DAS) durante el gobierno de Uribe, su mano derecha, Jorge Noguera fue condenado a 25 años por su colaboración activa a los paramilitares.
Lo que más
impacta de este hecho que tiene relación con la judicialización de
militares, es la decisión del ex-presidente Uribe de construir toda una
zona
residencial de vacaciones en lo que se llama la reclusión militar de
Tolemaida,
un municipio ubicado en el Departamento del Quindío que acogió todos
los militares acusados de delitos graves
de lesa humanidad, asesinatos y masacres. La solidaridad presidencial
se
hizo ver y lo que antes era una prisión se convirtió en un impresionante
club
social de militares condenados : « SEMANA descubrió que muchos de los 269 oficiales, suboficiales y
soldados que pagan allí por homicidios, masacres, torturas y secuestro entraban
y salían como Pedro por su casa, tienen negocios dentro y fuera de la prisión y
no viven en celdas sino en cabañas. Como si lo anterior fuera poco, muchos de
ellos siguen activos y recibiendo sueldos y otros beneficios, pese a tener en
firme condenas que llegan a los 40 años. Hay hasta presos que pasaron
vacaciones en San Andrés y Cartagena. » http://www.semana.com/nacion/articulo/tolemaida-resort/237791-3
La
convicción final del presidente de que los victimarios fueron patriotas
falsamente acusados y víctimas de un complot de los enemigos de la
democracia
infiltrados en la justicia, lo llevó a implementar este tipo de medidas
de
convertir la vida de los agresores en algo cómodamente soportable propio
del
respeto que se le debe dar a quienes sirven a la patria. Algo
claramente condenable que debería hacer
parte del pliego de cargos necesario a hacer para presionar sobre un
juicio al ex-presidente, porque a todas luces es una burla a la
democracia y una incitación
a los militares mismos a matar colombianos para disfrutar después de
unas
bellas vacaciones.
7. LAS
CHUZADAS
Hacía mucho
tiempo no se presenciaban en Colombia actos de represión característicos
de la
épocas del franquismo, como el espionaje estatal a gran escala sobre
periodistas e intelectuales. Este tipo de actitudes propias de la época
del
franquismo cuando se quemaban libros y se allanaban universidades,
fueron
revividas por el gobierno de Uribe Vélez a través de lo que popularmente
se
llamó « las chuzadas », acción policiaca que consistió en hacer
seguimientos,
interceptar comunicaciones y desatar el acoso sicológico contra críticos
del
paramilitarismo u opositores al gobierno, como periodistas, académicos,
dirigentes sindicales y de derechos humanos y congresistas e inclusive
contra
jueces de la corte suprema de justicia. La interceptación de correos
electrónicos, el seguimiento a familiares y a víctimas y lo más
vergonzoso
dentro de una democracia, « manuales para hacer amenazas »
característico
de grupos mafiosos de ataque denotan una lenta evolución del Estado en
Colombia
hacia una maquina represiva propia de las dictaduras. Noticias uno y su
director Daniel Coronel fue una de las primeras víctimas del gobierno
uribista,
Hollfman Morris, otro destacado periodista corrió la misma suerte,
Carlos
Lozano y Gonzalo Guillen fueron acosados, perseguidos, por su actividad
periodística.
Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá y Piedad Córdoba, destacada
dirigente política,
fueron acosados y espiados por la entidad estatal DAS, que prácticamente
dedicó
su tiempo en el transcurso de la administración de Uribe Vélez a acosar
los
opositores a su gobierno, en un escándalo sin precedentes que envió
después del
fin de la presidencia de Uribe a sus más altos funcionarios, a la cárcel
o al exilio. En julio del 2011, el ex-secretario general
de la presidencia de Uribe, Bernardo Moreno fue detenido por espionaje y
persecución
de miembros de la corte suprema de justicia y fue ordenada su libertad
en marzo
del 2013, no por inocencia, sino porque no representa un peligro para su
proceso que continúa. En octubre del 2010 fue capturado y presto en
prisión el
subdirector de contra-inteligencia del
DAS, Jorge Alberto Lagos, condenado a doce años de prisión, en diciembre
del
mismo año fue capturado el ex-jefe de inteligencia Fernando Tabares,
condenado
a 8 años de prisión respectivamente. En
junio del 2012 se conoció la sentencia contra Luz Marina Rodríguez
directora
operativa del DAS y Bernardo Murillo, jefe del grupo anticorrupción,
ambos
condenados a prisión domiciliaria. la Fiscalía investiga a los ex directores del
organismo Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado,
esta última asilada en Panamá, curiosamente por victimaria, o sea por perseguir
dirigentes en un hecho sin precedentes en la historia del asilo político en el
mundo. Es lo que impresiona de este
escándalo sobre « las chuzadas », todos los jefes del DAS investigados, eso denota
una política clara de represión constante y de acoso sobre órganos tan
importantes como la corte suprema de justicia y el Congreso Nacional, así que
contra dirigentes políticos, periodistas y líderes de los derechos humanos.
8. CONCLUSION : ES POSIBLE JUZGAR A
URIBE VÉLEZ?
La figura
de Alvaro Uribe Velez continua haciendo estragos en la sociedad
colombiana. El dirige una enorme red de
dirigentes politicos, gremiales, oficiales del ejército, sacerdotes, periodistas,
lideres comunitarios y estudiantes universitarios que se oponen tajantemente a
los dialogos de paz abiertos en Noruega por el gobierno del presidente Santos
con las FARC. Simpatisantes de la
guerra, la idea de vengar la muerte de su padre, hasta las ultimas
consecuencias continua vigente en su cabeza, después de la impresionante
cantidad de civiles, militares y guerrilleros muertos durante su gobierno,
producto de la prolongación del enfrentamiento armado.
El exterminio de los jefes máximos de las FARC como « el mono
jojoy », Alfonso Cano o Raul Reyes, no ha bastado para cambiar su
apreciación entorno al conflicto y su idea de llevar la confrontación armada hasta las ultimas
consecuencias, esto es hasta la exterminación total de los guerrilleros, se ha
convertido en una obsesión que amenaza con prolongar la guerra y continuar con
un conflicto sanguinario que debilita la estabilidad y el progreso de la
sociedad colombiana.
Las 261
demandas que reposan en la cámara de acusaciones contra el ex-presidente,
representa un record evidente en la historia de Colombia y el hecho sin
precedentes de que sea su nombre el que más aparezca como acusado en el
Congreso Nacional, el único que puede juzgarlo. http://www.kienyke.com/historias/los-expedientes-olvidados-contra-alvaro-uribe/
Las más
viejas demandas que datan del 2006, no han sido tratadas y las
explicaciones
son ridículas « no hay tinta para hacer fotocopias ». Se trata en
efecto de un sabotaje político de
los aliados del expresidente que no se ocupan de tratar el caso, puesto
que
ellos mismos son mayoría en la cámara de representantes y lo evidente
es que falta esperar hasta que se presente dentro de 10 o quince años,
ese
revolcón esperado, el ingreso de nuevos dirigentes que hagan justicia y
sean
capaces de cobrar la desidia y la negligencia del gobierno de Uribe
Vélez.
« Nosotros
somos falsos positivos de la corrupción », fue su expresión cuando en
agosto del 2011, la prensa le pidió una explicación entorno a los escandalos de
corrupción de su gobierno, lo que calificó de shows publicitarios. La actitud vengativa lo ha llevado a imponer
demandas contra quienes se atrevieron a denunciarlo publicamente y el conflicto
entorno a la figura de Uribe Vélez goza hoy en el 2013 de plena actualidad.
Para
nosotros los estudiosos de las Ciencias Sociales, es una certeza que lo que se
ha creado en Colombia es una manera de administrar el Estado, que yo he
denominado la visión del « Estado abusivo ». Abusivo porque el Estado se transforma en una
maquina de abuso, la definición del verbo abusar según el diccionario de la
lengua española es, « Usar mal, excesiva,
injusta, impropia o indebidamente de algo o de
alguien », y la definición extrapolada a la figura del Estado,significa
el
uso excesivo, injusto, impropio e indebido del poder y del gobierno y
todo se
puede corroborar en esa impresionante capacidad de aplicar la violencia
que
demostró el ex-presidente Uribe Vélez. La
vigencia del Estado abusivo, no es una creación del gobierno de
Uribe Vélez, sino exactamente una tradición heredada del pasado y
aprendida del
franquismo, con las mismas caracteristicas y los mismos métodos pero
camuflada
en las elecciones. El Estado abusivo, es
sin embargo un concepto muy abstracto porque el Estado es una
colectividad
administrada por grupos humanos abusivos
ellos mismos que más concretamente se expresa en una comunidad de
abusadores
que disfruta de una sociedad civil de abusados o sea de victimas del
andamiage
de represión y muerte que se crea, sociedad civil que se transforma en
un
concepto abstracto puesto que en las democracias delegativas la
delegación de
la representavidad de los elegidos se hace a través del concenso de la
sociedad
civil expresado en votos y más especificamente en un triunfo electoral
que
transforma la sociedad civil en un ente abusador puesto que delega la
representatividad a un grupo social que se compromete a abusar del
poder, lo
aplaude, grupo social al cual el ciudadano que triunfa en las elecciones
aclama y respalda en las calles con gritos de simpatía. Para el caso
del uribismo, el Estado mostró
toda su capacidad de abuso esencialmente durante los primeros cuatro
años,
periodo en el cual los parapoliticos gozaron de libertad plena para
ayudar al
proyeco Birmania de las AUC que culminó en la tragedia de las fosas
comunes que
ya describimos y cuya sanción por la sociedad civil se debió efectuar
durante
las segundas elecciones que culminaron en la aclamación mayoritaria del
Estado
abusivo con el triunfo de Uribe Vélez en el 2006, un triunfo arroyador a
pesar
de las denuncias de abusos, las enormes movilisaciones de masas de las
victimas
y aun las condenas internacionales,es decir la advertencia de
organisaciones
internacionales de control de la evidencia clara de un abuso del poder
que
transformó las elecciones del 2006 en un plebicito para legitimar ese
abuso.
La lucha
para esconder ante la sociedad civil las conductas abusivas transforman al
lider en un falsario, es decir en un individuo que abandona la ética y los
valores naturales e inclusive la disciplina con la cual debe relacionarse con
la sociedad civil y en Uribe Vélez su expresión falsaria se nota en la
intención de opacar la verdad con mentiras, de insistir en que nada sucedió, en
que no es responsable individual de los actos de otros que él mismo dirigia y en
que todo es una conspiración y un show publicitario aún sabiendo que lo que
sucedió es algo medible, cuantificable, que se encuentra en videos y testimonios orales plenamente revisables
por jueces que deciden enviar a los que lo acompañaron en el gobierno a la
carcel porque son culpables, mientras el ex-presidente mismo ve los culpables
como victimas de la persecusión o como el mismo los denomina « falsos
positivos de la corrupción » en una increible demostración de
infantilismo que busca en esencia impedir el fin de su carrera politica. Las consecuencias de estos comportamientos y
la tolerancia social y politica de ellos es nefasta para la sociedad puesto que
ella aniquila la tolerancia y la claridad como se deben conducir los procesos
politicos y la sociedad civil misma se va consumiendo en un infantilismo que la
subdesarrolla y la atrasa porque ella misma no toma distancia frente al abuso, sino
que se convierte con la impunidad en un agente acelerador y reproductor del
problema.
En
sociedades transparentes el lider debería pedir perdón a la sociedad y
arrepentirse del abuso, Uribe Vélez debería el mismo dirigirse a la
sociedad y
aceptar su responsabilidad, pero es evidente que en paises como Colombia
esta
no ha sido por tradición una manera de relación ética entre los lideres
y la
sociedad civil. Turbay Ayala nunca pidió
perdón a los familiares de los masacrados entre 1978 y 1982 y el mismo
tuvo la
convicción de que fue el presidente perfecto, como la tenía el general
Franco
al morir después de haber dejado como herencia miles de fosas comunes
que no
permitió destapar, tampoco lo hizo Belisario Betancur después de ordenar
la
masacre del Palacio de Justicia y menos Andrés Pastrana que jamás se
motivó a
atacar la Casa Castaño y permitió la masacre de miles de Colombianos,
mucho
ménos pediría Uribe Vélez perdón al país por su negligencia, ineptitud y
contubernio cuando el mismo sigue pensando que su terrorismo de Estado
es una
expresión de la justicia y perfección humana. Peor aún, el fenómeno de
la
indolencia frente a las tragedias humanas que se provocan es algo que en
Colombia se ha transmitido de una generación a otra y es necesario para
el bien
de la sociedad hacer una ruptura generacional, como la han hecho
recientemente
un buen numero de descendientes de los jefes nazis que han pedido perdón
a las
victimas y se averguenzan ellos mismos de los actos de sus padres,
algunos de
ellos han cambiado inclusive su apellido, otros desde jóvenes y como una
forma
de protesta frente a las masacres de sus padres se hicieron esterilisar
por
verguenza a crear una nueva descendencia y en un documental sobre este
tema el nieto de un importante lider nazi después de ver la catástrofe
provocada por su
abuelo dijo que él lo mataría con sus propias manos si su abuelo
resucitara, en un acto
que exprime una inconformidad clara frente a la barbarie de los
verdugos. El hijo de Laureano Gómez, Alvaro Gómez siempre se sintió
orgulloso de su padre a pesar del impresionante desangre que provocó en
su época de presidente en los inicios de la década del cincuenta del
siglo pasado,
el mismo sentimiento cobijó a Pastrana y el mismo cobija a los hijos del
ex-presidente Uribe Vélez y a los descendientes de Turbay Ayala.
La
arrogancia y las actitudes casi infantiles orientadas a mentir en torno a
hechos demostrados por los jueces que han enviado a la carcel a un buen numero
de altos funcionarios de su gobierno, denotan un lider desesperado que se niega
a reonocer el mal que él y su grupo le hicieron a la sociedad colombiana. La época de esplendor del uribismo que llegó
a arrasar en las elecciones con porcentajes de votación nunca antes vistos en
la historia colombiana por un presidente, ha llegado a su fin y de su
movimiento solo queda un porcentaje no importante de ciudadanos que aún lo
celebran y que son nostalgicos de aquella época en la que recibían salarios del
Estado como informantes, con pocos servicios a prestar o en la que se
enriquecieron facilmente producto de los chanchullos, los serruchos y las
mordidas que les dieron la posibilidad de vivir comodamente, sin mucho que
hacer. La época del uribismo finalizó y
la sociedad colombiana marcha hacia una etapa diferente en la que los
ciudadanos han comprendido la necesidad de poner fin al maniqueismo de la
corrupción. Los colombianos pasaron por
esa etapa, por la que pasó la Rusia de Yeltsin o la Argentina de Menem y la
apertura de los dialogos de paz en medio de todos esos actos de justicia que se
han hecho motiva la ciudadanía a créer en el Estado y a reconstruir la
sociedad. No falta mucho para que las
cosas mejoren, pero es cierto que aún hay temores, la fuerza del paramilitarismo
renacido en las Aguilas Negras o las Bacrim, el poder de los nuevos
narcotraficantes avidos de dominación y la anciedad del mismo presidente Uribe de
retornar a la politica son obstáculos que amenazan la estabilidad del país.
Es cierto que
la justicia colombiana ha dado un salto cualitativo importante y el fenómeno
del Terrorismo de Estado presente en el transcurrir de la historia del país va
a mostrar cifras reducidas al final del mandato del Presidente Juan Manuel
Santos, cifras que mostrarán la eficacia de las decisiones de justicia cuando
se toman con seriedad. Sin embargo, hay
problemas latentes a resolver que solo una reforma constitucional puede
hacer, como es el problema del fuero militar, de la doctrina y la estructura
de las fuerzas armadas, de la legislación electoral que aprueba la formación de
hegemonías politicas imposibles de controlar, del control de la mafia y sus
dinéros que se inmiscuyen en la politica, de la relación entre la contratación
estatal y los dirigentes politicos, entre otros. Todo dependerá sin duda de la manera como
finalice el proceso de paz con las FARC y de las reformas sociales que se
aprueben para finalizar la guerra, la discusión sigue abierta y esperamos que
este obscuro pasado de terrror y violencia que los colombianos han soportado, sea superado.
ANEXOS.
- ALGUNOS CASOS DE MASACRES
2. DOCUMENTO
1. INTEGRANTES DE LA ALIANZA URIBISTA INVOLUCRADOS EN PARAPOLÍTICA Y OTROS DELITOS:
http://quimeran.blogspot.ch/2011/08/integrantes-de-la-alianza-uribista.html
Por Mario Ojeda
Aceptación de cargos
- JUAN FELIPE SIERRA, empresario antioqueño
incluido en la “Lista Clinton”; se acogió a sentencia anticipada el 12 de julio
de 2011. Amigo del ex jefe de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia
Cossio, condenado por nexos con paramilitares.“Sierra aceptó tener nexos con el
narco paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” (“El Tiempo”,
12.07.2011).
Condenados
- ANDRÉS FELIPE ARIAS, ex ministro de
Agricultura, antioqueño, conservador, condenado por la Procuraduría General de
la Nación con destitución y 16 años de inhabilidad para ejercer cargos
públicos, entre otras causas por la asignación irregular de subsidios del
programa Agro Ingreso Seguro (AIS). “El programa no ha estado exento de
polémicas. Esta semana, la Fiscalía General formuló cargos contra siete ex
funcionarios y 15 beneficiarios de este programa. La fiscal general, Viviane
Morales, encontró la posible comisión de siete conductas penales y por eso
determinó formular cargos” (“El Tiempo”, 25.02.2011). La Contraloría General de
la República había ordenado el embargo de los bienes del ex ministro, dentro de
la investigación fiscal en su contra por los contratos de publicidad de Agro
Ingreso Seguro. “La medida cobija a otras 18 personas, entre estas se encuentra
el sucesor de Andrés Felipe Arias en el Ministerio de Agricultura, Andrés
Fernández” (“El Tiempo”, 25.02.2011). “El ex ministro (Arias) también tendrá
que enfrentar el próximo jueves 21 de julio una audiencia de imputación de
cargos en el Tribunal Superior de Bogotá, por el mismo caso” (“El Tiempo”,
19.07.2011).
- JUAN CAMILO SALAZAR, ex viceministro de
Agricultura, sancionado con 11 meses de suspensión por la Procuraduría por el
escándalo de Agro Ingreso Seguro; investigado por la Fiscalía General de la
Nación por el mismo caso.
- ANDRÉS FERNÁNDEZ, ex viceministro de
Agricultura, sancionado con 11 meses de suspensión por la Procuraduría por el
escándalo de Agro Ingreso seguro.
- FRANCISCO FERNEY TAPASCO GONZÁLEZ, ex
diputado liberal de Caldas, acusado como supuesto autor intelectual, con su
hijo el ex representante Dixon Ferney Tapasco Triviño (ya condenado por
parapolítica), del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del
diario “La Patria” de Manizales en 2002 (“El Tiempo”, 29.09.2010).
Acusado de parapolítica, “el político, que se acogió a sentencia
anticipada, confesó sus alianzas con el frente Cacique Pipintá, que operó en
Caldas”, siendo condenado por un juez de Manizales a pagar 60 meses de prisión
y una multa de 4333 salarios mínimos. “En la lectura de la sentencia, el juez
compulsó copias a la Fiscalía para que investigue la posible participación de
Tapasco en los asesinatos de Jorge Moreno e Iván de Jesús Galeano, ultimados en
el 2006 en Neira (Caldas)” (“El Tiempo”, 16.07.2011).
- HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO, capturado el
2 de julio de 2011. “Ex gobernador de Santander entre 2004 y 2007, quien
aspiraba a repetir en 2010. Después de ser uno de los fundadores del partido
Convergencia Ciudadana logró un cupo oficial en el Partido de la U, gracias a
la gestión que hizo a su favor el ex presidente Álvaro Uribe Vélez”
(“Lasillavacía.com”, noviembre de 2010). “Coronel (r), tiene 10 investigaciones
activas por peculado, delitos contra la administración pública, contratos sin
cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública, celebración
indebida de contratos y falsa denuncia contra persona determinada” (revista
“Semana”, 18.03.2010). Su hijo, el médico santandereano Nerthink Mauricio
Aguilar Hurtado, “a pesar de que nunca ha participado en política, obtuvo
49.382 votos”,siendo elegido en 2010, por el PIN, al Senado (revista “Semana”,
18.03.2010). Destituido en enero de 2011 por la Procuraduría, e inhabilitado
por 20 años para ocupar cargos públicos. “Según la Procuraduría, la llegada de
Aguilar a la Gobernación en las elecciones del 2003 fue presionada por los
“paras” del Bloque Central Bolívar y el Magdalena Medio. La decisión dice que
el polémico ex mandatario regional, reconocido porque como coronel estuvo en el
comando que abatió al capo Pablo Escobar en 1993, "promovió y colaboró con
las Autodefensas Unidas de Colombia" y "puso su investidura a
disposición de dicha estructura armada ilegal" (“El Tiempo”, 31.01.2011).
“Solicitó el retiro del servicio con el grado de teniente coronel, pero el ex
presidente Álvaro Uribe, en junio del 2006, le concedió grado honorario de
coronel efectivo. Ríchard Aguilar (su hijo) fue cónsul en Chile en el pasado
gobierno” (“El Tiempo”, 04.07.2011).
- ROBERT MENDOZA BALLESTEROS, ex representante
liberal por el Chocó en reemplazo de Edgar Ulises Torres. “Se declaró culpable
de haber establecido un pacto con grupos paramilitares para llegar al Congreso”
(“El Espectador”, 20.06.2011). Condenado el 29 de junio de 2011 a tres años y un
mes de prisión y al pago de 1027 salarios mínimos.
- LUIS GUILLERMO GIRALDO HURTADO, el ex
senador, ex embajador y ex secretario del Partido de la U, enfrenta cargos por
fraude y falsedad como ex jefe del Comité pro Reelección de Álvaro Uribe Vélez.
“El caso contra Giraldo estuvo a punto de terminar por cuenta de un preacuerdo
al que había llegado a mediados de 2010(junio) con la Fiscalía, en el que se
declaraba culpable y aceptaba una condena de 54 meses de prisión con el
beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, el acuerdo que no fue aceptado por
el Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que la Fiscalía no es competente
para fijar si la pena debe ser pagada con el beneficio de prisión domiciliaria”
(“El Tiempo”, 10.01.2011). Fue condenado por el Consejo Nacional Electoral a
pagar una multa de 54 millones de pesos. Continúa la investigación que le
adelanta la Fiscalía General de la Nación.
- JUAN CARLOS MARTÍNEZ SINISTERRA, ex senador
del Partido Convergencia Ciudadana, Departamento del Valle. El 18.09.2009 la
fiscalía General de la Nación le profirió medida de aseguramiento por el delito
de concierto para delinquir por sus presuntos nexos con los paramilitares (“El
Liberal”, 19.09.2009), siendo condenado el 8 de junio de 2011 por la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia a noventa meses de prisión. “En el fallo, la
Corte también compulsa copias para que se investigue a cuatro testigos y a
miembros de su defensa, por presunta manipulación y falsedad de versiones
durante el juicio” (“El Tiempo”, 08.06.2011). “Martínez también fue denunciado
por el ex zar anticorrupción y actual senador por Cambio Radical Rodrigo Lara,
quien dijo que su caso y el del actual gobernador del Valle, Juan Carlos
Abadía, eran una demostración de la infiltración del narcotráfico en la
política” (“El Tiempo”, 09.12.2009). Su suplente, Hemel Hurtado Angulo elegido
senador por el PIN en 2010. Su primo Jairo Hinestroza Sinisterra, elegido en
2010 a la Cámara por el Departamento del Valle y el PIN. “A pesar de estar
preso, sigue moviendo las fichas de la política del Valle. Él es considerado
como uno de los jefes del PIN, partido que nació el año pasado y que recogió
las fuerzas de varios movimientos afectados por las investigaciones de la
infiltración 'para' en la actividad política”(“El Espectador”, 01.02.2011)
- LUÍS HUMBERTO GÓMEZ GALLO, ex senador
conservador, tolimense, ex presidente del Congreso. Renunció a su curul para
evitar ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia; fue detenido y puesto en
libertad por la Fiscalía en agosto de 2008. En octubre de 2009 la Corte Suprema
de Justicia reasumió su caso. Detenido nuevamente por orden de la Corte en
enero de 2010. En marzo de 2011 también investigado por el escándalo de la
Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Condenado, por la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado (parapolítica)
el 25 de mayo de 2011, a 9 años de cárcel y a pagar una multa de 1.110 salarios
mínimos vigentes. “Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema
argumentaron en la acusación que los votos que forzaron los 'paras' llevaron al
Senado a Luis Humberto Gómez Gallo en las pasadas elecciones junto con su
compañero de fórmula, el ex representante a la Cámara Gonzalo Angarita. La
Corte estableció en la investigación que ambos políticos pactaron con los paras
apoyo para obtener altos resultados electorales en los municipios de Valle de
San Juan, San Luis, Rovira e Ibagué, y agregó que en las dos primeras
poblaciones era clara la influencia del Bloque Tolima”(“El Tiempo”,
25.05.2011). “Es señalado, además, de recibir 300 millones a un narco”(“El
Tiempo”, 26.05.2011).
- BERNARDO MORENO VILLEGAS, ex secretario
general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Uribe Vélez, y
candidato a la Embajada de Colombia en Chile en mayo de 2010; destituido por la
Procuraduría y condenado a 18 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos
por el escándalo de las “chuzadas” (espionaje) a magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, miembros de la oposición política, periodistas
independientes y ONGs. Acusado por concierto para delinquir, interceptación
ilegal de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad en documento
público.
- JOSÉ MARÍA CONDE ROMERO, ex representante a
la Cámara por Sucre por el Partido Colombia Democrática en reemplazo de Erick
Morris condenado a seis años de prisión. Detenido el 08.06.2010 “por
parapolítica…Había sido llamado a indagatoria por el delito de concierto para
delinquir” (“El Tiempo”, 08.06.2010). “Conde Romero fue vinculado con los
grupos paramilitares por Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry", un
oscuro personaje que se convirtió en testigo clave del proceso de la
parapolítica que está refugiado en Canadá y con cuyos testimonios también mando
a la cárcel al ex congresista Mario Uribe Escobar…Otro que mencionó a Conde
Romero fue el cabecilla paramilitar Edward Cobos Téllez, alias "Diego
Vecino"” (“El Tiempo”, 19.01.2011). Condenado por la Corte Suprema de
Justicia, el 6 de abril de 2011, a cinco años de cárcel.
- CIRO RAMÍREZ PINZÓN, boyacense, miembro del
Partido Conservador, senador de la República desde 1998 hasta 2008, año en que
fue capturado por parapolítica. El 10 de marzo de 2011 la Corte Suprema de
Justicia lo condenó a 90 meses de cárcel.
- GUILLERMO LEÓN VALENCIA COSSIO, conservador,
ex director de Fiscalías en Medellín, detenido en septiembre de 2008, señalado
como narcotraficante e incluido en 2010 en la “Lista Clinton” por las
autoridades de los EE.UU. “La Corte Suprema de Justicia lo juzga por los
delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, violación de
asuntos sometidos a reserva, destrucción de documento público y utilización de
información privilegiada al tratar de favorecer a John Fredy Manco Torres,
alias ’el Indio’, excluyéndolo de manera intencional del organigrama de las
Autodefensas Gaitanistas para evitar su identificación y posterior
judicialización.
Sin embargo, este acto sería solo la punta de
lanza de toda una estrategia aplicada por Valencia Cossio para favorecer desde
su cargo el proyecto paramilitar y garantizar la impunidad de sus crímenes en
Antioquia. A esta conclusión llegó la investigación Memoria de la impunidad en
Antioquia: lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo,
adelantada durante un año por un equipo de trabajo del Instituto Popular de
Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad a través de la revisión
de expedientes, entrevistas y revisiones de prensa. Una lectura de este libro
permite entender cómo el hermano del ex ministro del Interior y Justicia Fabio
Valencia Cossio, Guillermo, recurrió a dos prácticas de impunidad específicas:
la configuración de “equipos amistosos” de fiscales y la rotación de fiscales.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, Guillermo León Valencia
Cossio contaba con un grupo de fiscales de su confianza que evitaban la
judicialización de paramilitares” (“La Silla Vacía”, 03.02.2011). El 10 de
marzo de 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 15 años de cárcel y a
pagar una multa superior a 12000 salarios mínimos. “Los magistrados lo
condenaron a 156 meses (13 años) por concierto para delinquir, y a dos años más
por los otros dos delitos por los que fue condenado hace un mes:enriquecimiento
ilícito y ocultamiento de documento público. La multa supera los 6 mil millones
de pesos” (“El Tiempo”, 10.03.2011).
- JOSÉ DOMINGO DÁVILA ARMENTA, ex gobernador
del Magdalena, capturado en 2008. Condenado por concierto para delinquir
agravado por la Corte Suprema de Justicia, a 7½ años de prisión y a pagar 6500
salarios mínimos. Seguirá siendo investigado por delitos de lesa humanidad (“El
Tiempo”, 23.02.2011).
- MARIO URIBE ESCOBAR, ex senador antioqueño y
ex presidente del Partido Colombia Democrática, primo del presidente Uribe y
uno de sus principales socios políticos; renunció a su investidura. Este
partido tiene a sus tres senadores procesados por parapolítica, uno de ellos
(Álvaro García) ya condenado a 40 años de prisión. Uribe Escobar fue detenido
en febrero de 2010 por orden de la Corte Suprema de Justicia por concierto para
delinquir agravado, “el delito madre de la parapolítica”. Ya había estado
detenido antes por orden de la Fiscalía que dictó orden de captura en su contra
el día 22 de abril de 2008; ese mismo día Uribe Escobar se refugió en la
embajada de Costa Rica intentando evadir la justicia al solicitar asilo
político que le fue negado.
“El ex parlamentario fue elegido senador en las
elecciones de 1994, gracias a que su primo y jefe del partido político, Álvaro
Uribe, abandonó su curul, con el fin de inscribir su candidatura a los comicios
regionales de ese año, en los que alcanzó su nombramiento como gobernador de
Antioquia.
Uribe Escobar, fundador de Colombia
Democrática, fue reelegido en 1998 y llegó a ser presidente del Senado entre
2000 y 2001. En 2002, a nombre del mismo movimiento, fue reelecto al Senado y
apoyó la candidatura de su primo a la máxima magistratura del Estado.
En 2006, fue elegido por tercera vez
consecutiva en representación del mismo partido, del cual es presidente, y
volvió a brindarle su respaldo a Uribe Vélez en la campaña reeleccionista,
siendo uno de los artífices de la reforma constitucional que le dio vía libre
al mandatario para lanzar su candidatura; además, fue el ponente de la primera
versión de la Ley de Justicia y Paz” (“El Espectador”, 24.02.2010).
El 21 de febrero de 2011 “la Corte Suprema de
Justicia condenó al ex senador Uribe Escobar a 7 ½ años de cárcel y a una
sanción pecuniaria de más de 3.400 millones de pesos, equivalentes al pago de
6.500 salarios mínimos mensuales vigentes.
Mario Uribe Escobar, además de ser sentenciado
por el delito de concierto para laconformación de grupos paramilitares, será
sometido a otra investigación penal preliminar por su presunta responsabilidad
en la comisión de delitos de lesa humanidad perpetuados por las Autodefensas”
(“El Espectador, 21.02.2011).
- CARLOS ENRIQUE PADILLA PEÑA, ex concejal de
Ciénaga (Magdalena), condenado a 19 años de prisión por asociarse con las AUC
para manejar mediante el terror el comercio del mango en el Departamento del
Magdalena (“El Espectador”, 16.02.2011).
- OSCAR DE JESÚS LÓPEZ CADAVID, conservador, ex
gobernador del Guaviare, detenido por orden de la Fiscalía en marzo de 2009.
Incluido en marzo de 2010 por los Departamentos de Estado y del Tesoro de los
EE.UU. en la Lista Clinton. “La Sala Penal (de la Corte Suprema de Justicia)
condenó al ex gobernador del Guaviare Óscar de Jesús López por concierto para
delinquir agravado, al comprobarse que tuvo nexos con paramilitares en esa zona
del país” “La Corte también pidió que se inicie una nueva investigación contra
el ex gobernador, por su participación en los delitos perpetrados por las AUC
en la región. Ante la gravedad de los hechos, la Corte -además de la pena-
(siete años de cárcel) niega la posibilidad de la libertad condicional o del
beneficio de casa por cárcel para el ex mandatario que tendrá que pagar una
multa de 6.500 salarios mínimos” (“El Tiempo”, 19.01.2011 y 20.01.2011).
- FERNANDO LONDOÑO HOYOS, ex ministro del
Interior y de Justicia del presidente Uribe. “Londoño presentó su carta de
renuncia como ministro del Interior luego que la Superintendencia de Sociedades
le impusiera una sanción por adquirir indebidamente 145 millones de acciones de
la firma Invercolsa por un monto 9.000 millones de pesos en mayo de 1997,
acciones que luego aparecieron a nombre de una compañía panameña llamada Afib y
de la que aun no se conocen sus dueños.
En febrero de 2007 el Juzgado 28 Civil del
Circuito de Bogotá ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa
adquiridas ilegalmente, ya que la Procuraduría General de la Nación afirmó que
el ex ministro presentó una certificación falsa que aseguraba que él había sido
empleado de la compañía. Por ello, el Juzgado determinó que Fernando Londoño
Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones
de Invercolsa S.A. y ordenó que en término de 5 días el ex ministro Londoño
debía restituir a ECOPETROL, South American Gulf Oil Company y Explotaciones
Cóndor S.A. los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos
en que los percibió. Decisión que fue apelada por el ex ministro y en 2005 una
sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia, ante lo
cual ECOPETROL y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente la Corte
Constitucional les dio la razón, si bien las acciones no han sido devueltas…
El 12 de noviembre de 2004 Fernando
Londoño Hoyos fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años ya que
la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Edgardo Maya Villazón,
encontró que Londoño hizo uso indebido de su cargo como Ministro del Interior y
de Justicia al hacer gestiones que favorecieron los intereses del consorcio
italiano Recchi, del que había sido su apoderado judicial. En el fallo la
Procuraduría concluyó que: "el ex ministro incurrió en conflicto de
intereses y usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de
la República después del Presidente" (Wikipedia, 06.05.2010).
El 17 de enero de 2011, “La Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá ordenó al ex ministro del Interior Fernando Londoño
Hoyos devolver un paquete de 145 millones de acciones de la firma Invercolsa.
En segunda instancia, la Corporación confirmó la determinación del Juzgado 28
Civil del Circuito de Bogotá, que había encontrado que la adquisición de las
acciones había sido precedida de la presentación de un certificado laboral que
contenía información falsa por parte de la Presidencia de Invercolsa
Enrique Vargas Ramírez, cabeza de la compañía
entonces, era investigado como el gestor de la emisión de este tipo de
documentación, pero el proceso precluyó el 14 de abril de 2008.
En ese entonces el Consejo de Estado había
requerido a la Fiscalía General de la Nación a través de una compulsa de copias
para que iniciara la actuación en contra de Vargas.
El mismo Tribunal Superior había confirmado la
inexistencia de la relación contractual entre Londoño Hoyos e Invercolsa, en
sentencia emitida el 28 de julio de 2002, que reiteró la postura esbozada por
el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el 27 de octubre de 2000. “
(…) Él obró como representante de la sociedad ‘Fernando Londoño Abogados
Asociados Ltda.’ ante la sociedad ‘Invercolsa, que existió un contrato de
mandato con representación de naturaleza comercial entre las sociedades
‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda.’ e ‘Invercolsa, S.A., y por último
que la Sociedad ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda’ (…) en desarrollo y
para la ejecución del mismo contrato comercial, lo delegó para actuar como
Presidente de Invercolsa S.A. lo que necesariamente excluye la existencia del
contrato de trabajo aseverado en la demanda para el año 1991.”, sostuvo el
Tribunal en su momento”. (“El Espectador”, 17.01.2011).
- RAMÓN ANTONIO VALENCIA DUQUE, miembro de Alas
Equipo Colombia, capturado en Medellín; senador en reemplazo del ex
senador Álvaro Araujo Castro quien está acusado de concierto para delinquir
agravado y secuestro extorsivo. “El ex jefe 'para' Éver Veloza, alias 'H.H',
mencionó a Antonio Valencia ante los fiscales de Justicia y Paz. Según 'HH',
los bloques Bananero y Élmer Cárdenas de las AUC crearon un movimiento político
denominado 'Por una Urabá Grande y Unida', del que supuestamente se favoreció
Valencia. El proyecto político, dijo 'HH' durante una versión libre, fue
manejado por un ex candidato a la Asamblea de Antioquia del que también habría
hecho parte el senador antioqueño Rubén Darío Quintero” (“El Tiempo” del
29.04.2010).
En diciembre de 2010 “la Corte Suprema de
Justicia lo encontró responsable de concierto para delinquir agravado, delito
madre de la parapolítica. Valencia Duque se había acogido a sentencia
anticipada y confesó que tuvo vínculos políticos con el grupo paramilitar que
comando Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán. La Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia lo condenó a tres años y nueve meses de prisión y a pagar
una multa de 167 millones de pesos (3.250 salarios mínimos)” (“El Tiempo,
14.12.2010).
- MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS, ex
senador de Córdoba del Partido Colombia Democrática; aceptó los cargos
reconociendo ser parte de la llamada “ala política” de las AUC; fue condenado a
45 meses de prisión. Según la Procuraduría, utilizó su cargo para promover y
auspiciar a los paramilitares, por lo que en diciembre de 2010 fue destituido y
sancionado con 20 años sin poder ocupar cargos públicos. "Está demostrado
que el señor Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, en su calidad de Senador
durante los periodos 2002-2006; 2006-2007, promovió y auspició al citado grupo
al margen de la ley como 'retribución' al apoyo de esa organización para
acceder a esa dignidad pública", aseguró la Procuraduría. De la Espriella
reconoció hacer parte del ala política del grupo ilegal, hecho que es
corroborado con las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Según Mancuso, posterior al pacto de Santafé de
Ralito se efectuó un acuerdo político para que el señor Miguel de la Espriella
fuera al Congreso de la República, donde sería el interlocutor político de este
grupo ilegal.
"Otros testimonios recaudados también dan
cuenta de los vínculos del entonces Senador con las AUC y de su trabajo en el
Congreso de la República a favor de los intereses paramilitares, pues su
función era precisamente buscar escenarios que permitieran al colectivo
criminal un acercamiento con el gobierno nacional encaminado a un cese de
hostilidades a cambio de algunos beneficios como los obtenidos por la Ley de
Justicia y Paz", dice el ministerio público”” (“El Tiempo”, 13.12.2010).
- JORGE NOGUERA COTES, fue el jefe del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el primer periodo
presidencial del presidente Álvaro Uribe. Durante el segundo periodo de Uribe
fue nombrado cónsul en Milán. El ex jefe de informática del DAS Rafael García
lo acusa de poner el organismo de inteligencia estatal al servicio de los jefes
paramilitares. En octubre de 2010 fue destituido y sancionado con 20 años de
inhabilidad para ocupar cargos públicos, por la Procuraduría, por el escándalo
de las “chuzadas”. Por su parte, “la Fiscalía asegura que las pruebas
demuestran que Jorge Noguera Cotes, desde su cargo en la dirección del DAS
colaboró con las autodefensas y entregó información sobre sindicalistas y
miembros de ONG de derechos humanos que terminaron siendo asesinados después
por los paramilitares”(“El Tiempo”, 02.12.2010).
- MARIO ARANGUREN RINCON, ex director de la
DIAN, detenido desde el 31.05.2010. “El ex director de la Unidad de Información
y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren, comparece ante un juez con
funciones de Control de Garantías por la presunta entrega ilegal al DAS de
datos reservados sobre movimientos financieros e información contable de
magistrados, dirigentes políticos y miembros de ONGs.
En la audiencia pública, una fiscal delegada
ante la Corte Suprema de Justicia le imputará cargos por los delitos de
prevaricato, abuso de autoridad, y concierto para delinquir” (“El Tiempo”,
26.05.2010). En octubre de 2010 fue sancionado por la Procuraduría con la
destitución y 18 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos.
- YIDIS MEDINA, con Teodolindo Avendaño,
personajes de la denominada “yidispolítica”, otra de las caras de la corrupción
política en Colombia. Confesó haber recibido dádivas a cambio de apoyar la
reforma constitucional para la reelección del presidente Uribe. Por ello, la
Corte la condenó a tres años y nueve meses de prisión, pena que paga en
su casa por ser madre cabeza de familia. La ex parlamentaria dijo que el
ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el embajador de Colombia en
Italia, Sabas Pretelt, que por la época de los hechos era ministro del Interior
y de Justicia, le ofrecieron prebendas a cambio de que respaldara a Uribe. El
1° de octubre de 2010, la ex representante a la Cámara fue condenada a 4 años y
dos meses de prisión y a pagar una multa de 578 millones de pesos, por el
Tribunal Superior de Bogotá, por“enriquecimiento ilícito”, “tras haber aceptado
el manejo de unas notarías en Barrancabermeja, Santander, a cambio de favorecer
la reelección presidencial. Yidis Medina recibió una rebaja en la pena por
haberse allanado a los cargos que se le endilgaban, producto de los réditos
económicos que le significó la conducción de esas notarías” (“El Espectador”,
01.10.2010).
- RUBÉN DARÍO QUINTERO, senador por el Partido
Cambio Radical. Primer congresista antioqueño vinculado al escándalo de la
parapolítica. Detenido el 21 de marzo de 2008 y liberado posteriormente por
vencimiento de términos. Recapturado por el CTI el 27 de septiembre de 2010 y
el mismo día condenado por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de prisión y
a pagar 6.500 salarios mínimos (más de 3.300 millones de pesos).
- MIGUEL ÁNGEL RANGEL SOSA, ex representante a
la Cámara por el Departamento de Bolívar y el Partido de la U, detenido en
enero de 2009. En julio de 2010 la Procuraduría pidió su condena por
parapolítica. "Está probada su responsabilidad en el compromiso que tuvo
con las autodefensas para apoyar su proyecto político en el sur de
Bolívar", dijo en audiencia un representante de la Procuraduría. (“El
Tiempo”, 14.07.2010). Condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en septiembre de 2010, a 7 ½ años de prisión por concierto para
delinquir agravado (“El Tiempo”, 16.09.2010).
- SABAS PRETELT DE LA VEGA, destituido e
inhabilitado por 12 años por la Procuraduría General de la Nación en agosto de
2010. “La Fiscalía lo acusa por "dar u ofrecer" prebendas para lograr
apoyos al proyecto de la reelección presidencial en el 2004.
Pretelt de la Vega era ministro del Interior y
de Justicia en el 2004, cuando se discutió y aprobó el proyecto que revivió la
reelección presidencial en Colombia. Según denuncias que investigó la Corte,
parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño recibieron prebendas a
cambio de su apoyo a ese proyecto de ley, que finalmente fue aprobado…En la
condena a Yidis, la Corte Suprema aseguró que el trámite de esa ley fue ilegal
y por eso pidió a la Fiscalía que investigara a Sabas Pretelt y al actual
ministro de la Protección, Diego Palacio.” (“El Tiempo”, 13.05.2010).
También, “el exministro del Interior y de
Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, rendirá versión libre ante la Fiscalía por
supuestos nexos con el paramilitarismo.
El ente acusador busca esclarecer si el también
ex embajador en Italia se reunió con ex líderes de las autodefensas, a fin de
incluirlos en el debate público sobre la reelección”(“El Espectador”,
02.03.2011).
- HUMBERTO BUILES CORREA, antioqueño del
Partido Cambio Radical, ingresó al Senado en reemplazo de Reginaldo Montes que
fue detenido dentro del mismo proceso, Builes es un reconocido empresario
nacido en el Municipio de San José de la Montaña, en el norte de Antioquia;
senador durante el período 2002-2006; fue detenido el 8 de abril de 2008, por
vínculos con alias “el Alemán”; condenado en agosto de 2010 a 7 años de prisión
por concierto para delinquir agravado por la Corte Suprema de Justicia.
- ALIRIO VILLAMIZAR AFANADOR, ex senador conservador
de Santander, condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 8
de julio de 2010, a 117 meses de prisión. “Adicionalmente, el dirigente fue
sentenciado la pago de una multimillonaria multa de casi 45.300 millones de
pesos, equivalente a la liquidación de 87.495 salarios mínimos mensuales
vigentes y a una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por
espacio de 96 meses” (“El Espectador”, 08.07.2010). Había sido detenido el
01.09.2009, “señalado de recibir cargos burocráticos a cambio de su voto a
favor de la reelección. En un allanamiento a su casa en Bucaramanga fueron
hallados casi mil millones de pesos en efectivo” (“El Tiempo”, 01.09.2009). El
9 de marzo de 2010, la Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado decretar la
pérdida de investidura para el senador Villamizar. Destituido por la
Procuraduría en enero de 2011, e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos
públicos. El 28 de abril de 2011 la Corte Suprema llamó a indagatoria al ex
senador Villamizar para que explique por qué tenía en su cuenta más de cinco
mil millones de pesos.
- ÁLVARO MORÓN CUELLO, ex representante por el
Departamento del César e integrante del Movimiento Alas Equipo Colombia.
Condenado en julio de 2010 por la Corte Suprema de Justicia, por parapolítica,
a ocho años y cuatro meses de cárcel.
- FABIO ARANGO TORRES, ex representante a la
Cámara por Vaupés y el Partido Cambio Radical. “La Corte Suprema lo halló
culpable del delito de corrupción al sufragante. Le fue impuesta una pena de 72
meses de prisión y una multa de 196 salarios mínimos mensuales legales vigentes
(98 millones de pesos) por haber comprado votos a favor del candidato de su
grupo político, José Leonidas Soto, para la elección a la Gobernación del
Departamento. La pena deberá cumplirla el congresista en la cárcel, pues la
Corte negó su solicitud de prisión domiciliaria (“El Tiempo, 08.07.2010). “El
11 de octubre de 2002 el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección
como Representante a la Cámara, teniendo en cuenta las irregularidades con las
que obtuvo apoyo de algunos votantes del municipio de Taraira, Vaupés” (revista
“Semana” 08.07.2010).
- SILFREDO MORALES ALTAMAR, “A seis años y ocho
meses de cárcel fue condenado el ex representante a la Cámara por las negritudes
Silfredo Morales, por irregularidades en la celebración de convenios
contractuales cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Marialabaja, Bolívar”
(“El Espectador”, 18.05.2010).
- JOACO BERRIO VILLARREAL, ex gobernador de
Bolívar, cargo al que renunció el 14.05.2010; ex integrante del Partido
Cambio Radical; suspendido por varios meses e inhabilitado para ejercer
cargos públicos durante 18 años por la Procuraduría; investigado por la
Fiscalía por presuntos dineros recibidos de DMG para su campaña a la Gobernación.
- JORGE IVÁN CASTRO PACHECO, político del
Magdalena, miembro del Movimiento Colombia Viva; detenido por
parapolítica en 2008, condenado en mayo de 2010 a siete años y seis meses de
prisión. Había ingresado al Senado en reemplazo deDieb Maloof quien había sido
detenido por el escándalo, renunció y en su reemplazo ingresó Vicente Blel
quien a los pocos meses también tuvo que renunciar por el mismo escándalo.
Pacheco fue investigado por sus nexos con alias Jorge 40; su hermano
alias 'Tuto Castro' fue la mano derecha de '40'. En julio de 2010 la Corte
Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad”
(“El Tiempo”, 13.07.2010).
- HERNANDO MOLINA ARAUJO, ex gobernador del
Cesar. Permaneció en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 17 de mayo de 2007
hasta enero de 2010, cuando salió con libertad provisional decretada por la
Corte Suprema de Justicia. Capturado nuevamente en Valledupar, en mayo de 2010,
al ser condenado a siete y medio años de prisión por la Corte. “Molina Araujo
era investigado por nexos con el ex jefe para extraditado, Rodrigo Tovar Pupo,
alias 'jorge 40'” (“El Espectador”, 06.05.2010).
- JUAN CARLOS ABADÍA, miembro del Movimiento
Popular Unido, del detenido Juan Carlos Martínez Sinisterra ex senador del
Partido Convergencia Ciudadana. Abadía fue destituido por la Procuraduría e
inhabilitado por 10 años, en mayo de 2010, por su participación en política
cuando se desempeñaba como gobernador del Valle del Cauca.“La Procuraduría
afirma que Juan Carlos Abadía "planeó y concertó" una reunión en
Palmira para que el precandidato conservador Andrés Felipe Arias hiciera
proselitismo con alcaldes… La destitución de Abadía supone, en todo caso, un
duro golpe para el proyecto político que lideran en el Valle el papá del
gobernador, Carlos Herney Abadía, y el ex senador Juan Carlos Martínez, que
está preso por parapolítica. Esa unión, que no es nueva, logró sorprendentes
resultados del partido PIN en el departamento” (“El Tiempo”, 06.05.2010).
- ÁLVARO ARAUJO CASTRO, era senador de la
República y líder del Movimiento Alas Equipo Colombia cuando fue detenido;
tiempo después renunció al fuero como congresista para ser juzgado por la
justicia ordinaria y no por la Corte Suprema de Justicia. Araujo es uno de los
políticos implicados más cercanos al presidente Álvaro Uribe Vélez; su
vinculación al proceso causó en su momento la renuncia de su hermana la
canciller María Consuelo Araujo. Se le acusó de concierto para delinquir
agravado y secuestro extorsivo en contubernio con los paramilitares de alias
“Jorge 40”. En marzo de 2010 fue condenado a nueve años y tres meses de
prisión, y una multa de casi 3.700 millones de pesos; “luego de que la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia comprobara la alianza política que había
establecido con el Bloque Norte de las Autodefensas, para obtener una curul en
el legislativo. El tribunal consideró que el ex parlamentario cesarense sí
había incurrido en los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al
elector que se le endilgaban en la acusación, al valerse de la influencia que
ejercían los paramilitares en la región Caribe de Colombia, con fines
electorales. En concepto de la corporación, los vínculos que el hoy condenado
mantuvo con Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", fueron
determinantes para la obtención de 19 mil votos con los que lo respaldaron los
sufragantes del Cesar en los comicios de 2002” (“El Espectador”, 18.03.2010).
- MOHAMED DUQUE GARCÍA, en marzo de 2010
candidato por el Valle y por el Partido de Integración Nacional (PIN) a la
Cámara de Representantes, condenado a 56 meses de cárcel por porte ilegal de
armas.
- JORGE LUIS ALFONSO LÓPEZ, ex alcalde de
Magangué, destituido e inhabilitado por 20 años por la Procuraduría. “La
Procuraduría dice que el hijo de 'La Gata', que es hermano del hoy aspirante al
Congreso Héctor Julio Alfonso López, "atentó de manera abierta y
desproporcionada contra la transparencia y la moralidad que debía salvaguardar
en ejercicio de la función pública".” (“El Tiempo”, 25.02.2010).
- ÁLVARO GARCÍA ROMERO, ex senador del Partido
Colombia Democrática, renunció a su investidura; llevaba más de 25 años en el
Congreso de la República; condenado a 40 años de prisión por la Corte Suprema
de Justicia en febrero de 2010.“Los nueve magistrados de la Sala Penal de la
Corte Suprema encontraron responsable al ex congresista de los delitos de
homicidio agravado, peculado y concierto para delinquir agravado, el delito
madre de la parapolítica…La Corte ordenó su captura a finales del 2006. En la
acusación contra el ex senador, se hace un descarnado recuento de cómo los
grupos paramilitares de Sucre nacieron bajo "la anuencia y complicidad de
ganaderos y políticos del departamento" a mediados de la década pasada”
(“El Tiempo”, 23.02.2010). Su hermana, Teresita García Romero, elegida en marzo
de 2010 al Senado de la República por el PIN, “fue cónsul en, Frankfurt
Alemania (durante el gobierno del presidente Uribe) pero nunca ha participado
en cargos de elección popular. Obtuvo 48,636 votos por ser la hermana y
heredera del fortín político de Álvaro García Romero” (revista “Semana,
18.03.2010).
- ELEONORA PINEDA, ex alcaldesa del Municipio
de Tierralta y ex representante a la Cámara por el Departamento de Córdoba y el
Partido Convergencia Ciudadana, condenada por concierto para delinquir
agravado. De los promotores y firmantes del Pacto de Ralito. En libertad el 30
de enero de 2009 por buena conducta y confesión del delito, después de pagar 19
meses de prisión en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.
- DIXON FERNEY TAPASCO, ex representante
liberal por Caldas, “Tapasco renunció a su curul luego de que la Corte ordenara
su captura por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar y fue procesado
por la Fiscalía. En este momento responde en juicio por estos hechos. Le
sucedió Enrique Emilio Ángel, quien también fue detenido por orden de la Corte.
Lo mismo ocurrió con los que lo seguían en la lista: Jairo Alberto Llano y
Carlos Arturo Gálvez” (“El Tiempo”, 31.08.2009). Condenado por concierto para delinquir
agravado, en febrero de 2010, a 7 años de prisión y a pagar una multa de 6500
salarios mínimos. Llamado a indagatoria, conjuntamente con su padre Francisco
Ferney Tapasco González, en septiembre de 2010, como supuestos autores
intelectuales del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del
diario “La Patria” de Manizales en 2002 (“El Tiempo”, 29.09.2010).
- MANUEL GUILLERMO CUELLO BAUTE, “el ex
superintendente de Notariado y Registro que fue condenado a prisión por
corrupción en el escándalo en el que él mismo denunció que el gobierno le pidió
premiar a los congresistas que votaron a favor de la reforma constitucional
para permitir la primera reelección de Uribe otorgándoles cuotas en notarías”
(revista “Semana”, 18.03.2010). Destituido por la Procuraduría en noviembre de
2010 e inhabilitado por 17 años para ejercer cargos públicos (“El Espectador”,
12.11.2010).
- VICENTE BLEL, bolivarense, miembro del
Movimiento Colombia Viva, senador de la República en tres períodos consecutivos
(1994-2006). En 2006 no le alcanzó la votación para ocupar una curul en el
Congreso de la República pero ingresó a esa corporación en reemplazo de Jorge
Castro Pacheco que había reemplazado a Dieb Maloof quien también fue vinculado
cuando este fue capturado, renunció a su cargo, para que su investigación
pasara en manos de la Fiscalía, después de que en octubre de 2007 la Corte
Suprema de Justicia lo llamara a indagatoria. Condenado en enero de 2010
a siete años de prisión por concierto para delinquir agravado. La Procuraduría
General había solicitado que se condenara al ex senador Blel al considerar que
existían suficientes pruebas que demostraban que el político, según dijo,
recibió apoyo de las AUC. "El ex Senador promovió a la organización armada
al margen de la ley, con el fin de que continuara imponiendo, por la fuerza, su
pensamiento político en la región, legitimándola en el sentido de que ejercía
dominio en la zona, de manera tal que sin su aval no era posible a los
candidatos el libre y legítimo ejercicio de la actividad proselitista",
dijo la Procuraduría.
- GONZALO GARCÍA ANGARITA, fórmula a la Cámara
de Representantes del senador Humberto Gómez Gallo por el Tolima y por el
Partido Conservador. Condenado por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de
prisión por parapolítica. “En la sentencia se ordena además investigarlo por su
presunta responsabilidad en una masacre de los paras del bloque Tolima y el
asesinato de un ganadero de esa región”(“El Tiempo”, 25.05.2011).
- ROCÍO ARIAS, fue representante a la Cámara
por Antioquia y reconoció el apoyo económico de grupos paramilitares para
llegar a ocupar dicho cargo en el Congreso en el año 2002. El 22 de enero de
2008 se entregó ante la Fiscalía reconociendo su cercanía con los jefes de los
grupos paramilitares, especialmente alias “Macaco” y alias "Don
Berna". En julio del mismo año fue condenada a 45 meses de prisión,
pagando finalmente 28. Arias dio varios nombres de congresistas que
presuntamente se habrían beneficiado de alianzas con paramilitares. En marzo de
2010, fue destituida por la Procuraduría como representante a la Cámara
por el período 2006-2010 e inhabilitada por 20 años para ejercer cargos
públicos.
- SALVADOR ARANA SUS, ex gobernador de Sucre
(2001-2003) y ex embajador en Chile (2003-2004) nombrado por el presidente
Uribe. Por meses permaneció prófugo de la justicia hasta que fue capturado el
29 de mayo de 2008. Investigado por la muerte de Eudaldo León Díaz, alcalde de
"El Roble", quien en un consejo comunitario realizado en Corozal, Sucre
en marzo de 2003 le dijo al presidente Álvaro Uribe Vélez que lo iban a matar.
Eudaldo Díaz se resistía a ser controlado por los paramilitares que mandaban en
la región y le dijo a su familia que si algo le pasaba el responsable sería
Salvador Arana.Según la Corte Suprema de Justicia, “el ex gobernador habría
hecho parte de un grupo criminal organizado de poder que ejecutó la eliminación
sistemática de personas en Sucre.
El alto tribunal analiza evidencia recogida por
sus investigadores y remitida a la Fiscalía, que señala que Arana fue el
creador de los grupos paramilitares que azotaron a Sucre durante años y que
dejaron una estela de muertos, entre campesinos y miembros de organismos
judiciales” (“El Tiempo”, 22.11.2009). Por sus crímenes fue condenado, en
diciembre de 2009, a 40 años de prisión.
- CÉSAR LUCAS GENNECO, ex gobernador del Cesar,
condenado a 10 años de cárcel por fraccionamiento de contratos.
- RUBÉN DARÍO SALAZAR, representante, condenado
a 5 años y 4 meses de cárcel por el delito de concusión por la Corte Suprema de
Justicia, y a “muerte política” por el Consejo de Estado. El 1° de septiembre
de 2009 aceptó cargos. Antes había sido condenado también por la Corte Suprema
de Justicia por compra de votos y trasteo electoral.
- SANDRA ARAVELLA, ex representante por el
Partido Cambio Radical y el Departamento de Guainía. Condenada a seis años de
cárcel por falsedad en documento público. Con investigación preliminar
por parapolítica.
- RICARDO ELCURE CHACÓN, ex senador del Partido
Colombia Democrática, Departamento de Norte de Santander, condenado a seis años
de prisión por concierto para delinquir agravado; se entregó a la justicia
luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profiriera orden de
captura en su contra. “Este parlamentario fue quien reemplazó al ex senador
Mario Uribe, primo del Presidente, quien renunció a su curul en el Senado luego
de su llamamiento a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, dentro del
escándalo de la parapolítica.
Con la detención de Elcure ya son 32 los
legisladores tras las rejas por sus vínculos con grupos de autodefensas.
Sin embargo, otros 30 congresistas se
encuentran con investigación preliminar por su presunta relación con
organizaciones de extrema derecha para obtener beneficios electorales” (“El
Espectador”, 21.04.2008).
- MURIEL BENITO REVOLLO, ex representante a la
Cámara por el Departamento de Sucre y el Partido Conservador, se sometió a
sentencia anticipada. Condenada a 47 meses de prisión. Había sido denunciada años
atrás por sus vínculos con el paramilitarismo por el entonces representante
Gustavo Petro; Benito Rebollo había negado las acusaciones diciendo que Petro
solo buscaba difamarla y ganar protagonismo. La Fiscalía había ordenado
su detención en noviembre de 2006.
- ERIC JULIO MORRIS TABOADA, ex alcalde y ex
gobernador de Sucre, representante a la Cámara por el Partido Colombia
Democrática. Condenado a pagar seis años de prisión y 344 millones de pesos de
multa.
- ALFONSO ANTONIO CAMPO ESCOBAR, ex representante
por el Magdalena, miembro del Partido Conservador. Sentenciado por el Juzgado
Sexto Especializado de Bogotá, a seis años de presidio por concierto para
delinquir, constreñimiento al sufragante y alteración de resultados
electorales. Además, se le impulso multa por más de 1.600 millones de pesos.
Había renunciado a su fuero de congresista. En diciembre de 2009 la
Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 20 años. En
julio de 2010 la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes
de lesa humanidad”(“El Tiempo”, 13.07.2010).
- TRINO LUNA MORÓN, ejercía como gobernador del
Departamento del Magdalena cuando fue detenido. Fue el primer condenado dentro
del proceso de la parapolítica después de acogerse a sentencia anticipada
aceptando el cargo de concierto para delinquir agravado por sus nexos con los
paramilitares alias “Jorge 40” y Hernán Giraldo Serna de quienes recibió el
apoyo para llegar a ser gobernador del Magdalena en las elecciones de 2003
donde fue candidato único. Fue condenado a 3 años y seis meses de cárcel y a
pagar una multa de 10 mil salarios mínimos mensuales[.
En marzo de 2010, Manuel Julián Mazenet
Corrales, ex secretario de Educación del Magdalena, quien cuenta con el apoyo
político de Trino Luna, fue elegido senador por el PIN con 47.667 votos
(revista “Semana”, 18.03.2010).
- NELSON STANP BERRÍO, ex diputado de Sucre.
Multa de 430 millones de pesos y prisión por tres años.
- TEODOLINDO AVENDAÑO, condenado a ocho años de
cárcel por cohecho y enriquecimiento ilícito en relación con la aprobación de
la reelección presidencial.
- IVÁN DÍAZ MATEUS, condenado a seis años de
cárcel, era el titular de la curul que ocupó Yidis Medina, la mujer que cambió
su voto a favor de la reelección, “fue sentenciado por la Corte Suprema por el
delito de concusión, acusado de presionar a Yidis Medina para votar en el
referendo reeleccionista”.
- EDILBERTO CASTRO, ex gobernador del Meta.
- MIGUEL ÁNGEL PÉREZ, ex gobernador del
Casanare. A seis años de prisión; aunque fue condenado por enriquecimiento
ilícito de particulares y por fuera del escándalo de la parapolítica, fue una
de las primeras investigaciones en hacerse en contra de un político vinculado a
las autodefensas.
- JORGE LUÍS CABALLERO CABALLERO, ex
representante a la Cámara por el Departamento del Magdalena y el Partido
Apertura Liberal. Estuvo prófugo de la justicia y se entregó en 2007. Fue
condenado a seis años y medio de prisión. En diciembre de 2009 la Procuraduría
General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 20 años. En julio de 2010 la
Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa
humanidad” (“El Tiempo”, 13.07.2010).
- JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA, ex alcalde de
Santa Marta, Magdalena, condenado por un juez Especializado de Santa Marta,
a cuatro años y dos meses de cárcel, por los delitos de concierto para
delinquir agravado y constreñimiento al elector.
- LUÍS EDUARDO VIVES LAUCUTURE, Magdalena, ex
senador por el Partido Covergencia Ciudadana; renunció a su investidura.
Condenado por la Corte Suprema de Justicia a 67 meses de cárcel por los delitos
de concierto para promover grupos armados, y alteración de resultados
electorales. Se le impuso además, una multa de 618 millones de pesos. En
diciembre de 2009 la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e
inhabilitó por 20 años. Salió de la cárcel en febrero de 2010. En julio de 2010
la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa
humanidad” (“El Tiempo”, 13.07.2010).
- KARELLY PATRICIA LARA VENCE, ex representante
a la Cámara por el Partido Cambio Radical y ex alcaldesa del Municipio de
Fundación (Magdalena), condenada a seis años de prisión por la Corte Suprema de
Justicia en agosto de 2009, por el delito de concierto para delinquir agravado.
- MAURICIO PIMIENTO BARRERA, ex gobernador del
Departamento del César y ex senador del Partido de la U. Renunció a su
investidura. La Corte Suprema de Justicia lo condenó por el delito de
concierto para delinquir y por sus vínculos con alias Jorge 40 quien, según la
sentencia, favoreció electoralmente a Pimiento para alcanzar su escaño en el
Senado. Recibió una pena de prisión de siete años y una multa de 923 millones
de pesos. Está libre desde diciembre de 2009. En julio de 2010 la Corte Suprema
de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad” (“El
Tiempo”, 13.07.2010).
- DIEB NICOLÁS MALOOF CURE, ex senador del
Movimiento Colombia Viva, renunció a su investidura; condenado a cuatro años y
nueve meses de prisión por parapolítica. En diciembre de 2009 la Procuraduría
General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 20 años. En julio de 2010 la
Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa
humanidad” (“El Tiempo”, 13.07.2010).
- REGINALDO MONTES, ex senador de Bolívar,
miembro del Partido Cambio Radical, condenado por la Corte Suprema de Justicia
a seis años y dos meses de prisión y una sanción económica de 923 millones de
pesos. Signante del Pacto de Ralito (1997). Recuperó la libertad en octubre de
2009.
- ENRIQUE EMILIO ÁNGEL BARCO, ex representante
liberal, caldense. El 15 de julio de 2008 aceptó cargos y se sometió a condena
anticipada. Condenado por parapolítica a 45 meses de prisión.
- JUAN MANUEL LÓPEZ CABRALES, ex representante
por el Departamento de Córdoba y el Partido Liberal que alcanzó la votación más
alta de su partido para las elecciones de 2006. Renunció a su investidura, fue
condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia a seis años y dos
meses de cárcel, y una sanción económica de 600 millones de pesos. Signante del
Pacto de Ralito. El 23 de marzo de 2010 decía El Tiempo: “Está próximo a
salir de la cárcel por mayoría de pena cumplida”. Su esposa, Arleth Patricia
Casado, elegida en 2010 al Senado por el Partido Liberal con la votación más
alta de dicho partido: 111.752 votos. “El aval que recibió Casado por parte del
partido resultó muy polémico y causó que la senadora liberal Cecilia López,
decidiera mantenerse al margen de las elecciones al Congreso acusando a las
directivas de afincarse en la vieja política” (revista “Semana”, 18.03.2010).
- VÍCTOR GUERRA DE LA ESPRIELLA, ex
congresista, condenado en mayo de 2007 a 6 años y 3 meses de prisión por
parapolítica, salió libre el 1° de diciembre de 2009. “Se le concedió al
acumular, con estudio y trabajo en prisión, las tres quintas partes de la pena.
La decisión de concederle el recurso de Hábeas Corpus la tomó el Consejo
Seccional de la Judicatura.
De la Espriella había sido condenado, en mayo
de 2007, a seis años y tres meses de prisión. El beneficio lo logró gracias a
haber tomado cursos de formación agrícola, informaron fuentes judiciales. De la
Espriella fue uno de los firmantes del llamado 'Pacto de Ralito', entre
miembros de grupos paramilitares y dirigentes políticos” (“El Tiempo”,
01.12.2009).
- RODRIGO BURGOS, ex representante conservador,
condenado por parapolítica a prisión durante 3 años y 11 meses.
- EMILIO ENRIQUE ÁNGEL BARCO, ex representante
liberal de Caldas. Condenado por parapolítica a 3 años y nueve meses de cárcel.
A juicio
- JUAN PABLO SÁNCHEZ, representante liberal por
Caldas, detenido en Bogotá el 31.08.2009. “Sánchez Morales fue señalado por el
ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez', quien aseguró que
éste, desde 2006, mantenía estrechas relaciones con las Autodefensas” (“El
Espectador”, 31.08.2009). “Sánchez, de 27 años, se posesionó como representante
a la Cámara el pasado 2 de julio como quinto renglón en la lista por el
Departamento de Caldas del Partido Liberal, con sólo 792 votos. Su investidura
la obtuvo como reemplazo del representante Jairo Alberto Llano, también
capturado por nexos con 'paras' cuando fue alcalde de Villamaría” (“El Tiempo”,
31.08.2009). Su juicio se reanudó el lunes 23 de mayo de 2011.
- MARIO SALOMÓN NADER, ex senador liberal del
Departamento de Córdoba. “El dirigente liberal estaba en la lista de más de 20
dirigentes mencionados por alias ‘el Alemán’, que habrían recibido apoyo de
parte del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, dirigido por Rendón
Herrera. En declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia, el ex
comandante paramilitar dio cuenta de los supuestos vínculos que estableció con
otros dirigentes de Córdoba como el ex congresista de Cambio Radical Reginaldo
Montes, condenado a seis años de prisión; así como el ex diputado Mario
Buendía, la ex candidata a la Cámara Mari Bechara, el ex senador liberal
Juan Manuel López, también condenado a siete años de prisión, y el conservador
José De los Santos Negrette (“El Espectador”, 17.09.2010). Llamado0 a juicio
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 18 de mayo de 2011 (“El
Tiempo”, 18.05.2011).
- JAVIER CÁCERES LEAL, detenido el 14 de
septiembre de 2010 por el delito de concierto para delinquir agravado. Ex
presidente del Congreso, bolivarense, senador por el Partido Cambio Radical.
“Repetirá curul después de conseguir la votación más alta de su partido, 74.675
votos. Cáceres tiene una investigación preliminar en la Corte Suprema de
Justicia, proceso 32009, por tráfico de influencias en Etesa, según denunció la
revista Cambio” (revista “Semana”, 18.03.2010). En marzo de 2011 también
investigado por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
- MANUEL NULE, MIGUEL NULE, GUIDO NULE, Y MAURICIO
GALOFRE, investigados por peculado y otros cuatro delitos sobre los cuales no
aceptaron responsabilidad: fraude procesal, falsedad en documento privado,
concierto para delinquir y cohecho.
- JUAN JOSÉ CHAUX MOSQUERA, ex representante
por el Cauca y ex senador por el Partido Liberal, detenido el 18 de mayo de
2009 en el aeropuerto Eldorado de Bogotá, en operación adelantada por agentes
del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía. El 23 de marzo de
2011, “la Fiscalía acusó al ex gobernador del Cauca y ex embajador en República
Dominicana Juan José Chaux por presuntas alianzas con paramilitares del bloque
Calima. Chaux fue señalado por el jefe “para” Ever Veloza, alias “HH”, quien
dijo que el dirigente era el "representante político" del grupo
paramilitar. Incluso aseguró que llegó a la Gobernación del Cauca en el 2003
por el apoyo que le brindaron las autodefensas. Chaux fue uno de los asistentes
a la polémica visita del asesinado ex jefe paramilitar “Job” a la Casa de
Nariño en el 2008” (“El Tiempo”, 24.03.2011).
- MIGUEL PINEDO VIDAL, ex senador del Magdalena
por el Partido Cambio Radical. Detenido el 31 de marzo de 2008 por
parapolítica. En marzo de 2011 investigado por el escándalo de la Dirección
Nacional de Estupefacientes (DNE). Estando en libertad condicional fue llamado
a juicio por la Corte Suprema de Justicia el 23 de marzo de 2011.“El alto
tribunal encontró pruebas de sus vínculos con el bloque Tayrona de las
autodefensas. El ex presidente del Congreso Miguel Pinedo Vidal fue acusado por
concierto para delinquir por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La
Corte encontró pruebas sólidas de, al menos, dos reuniones que Pinedo y algunos
de sus más cercanos colaboradores sostuvieron con el ex jefe paramilitar Hernán
Giraldo, alias 'El viejo'” (“El Tiempo”, 23.03.2011).
- CÉSAR PÉREZ GARCÍA, expresidente de la Cámara
de Representantes, liberal, detenido el jueves 22 de julio de 2010. La Corte
Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad”
(“El Tiempo”, 13.07.2010). “Lo investigará la Corte por la masacre en
Segovia (Antioquia), el 11 de noviembre de 1988. En este caso, Pérez García es
señalado como determinador” (“El Tiempo”, 13.05.2010).
- WILLIAM MONTES, ex senador conservador del
Departamento de Bolívar
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